Interceptaciones accidentales sacuden a la Corte: ¿Por qué escucharon a Petro y Sarabia en caso UNGRD?

La reciente controversia en torno a la interceptación de comunicaciones que involucran al presidente Gustavo Petro y a la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, refleja las complejidades legales y éticas de las investigaciones judiciales en Colombia. Según reportes de este diario, la Corte Suprema de Justicia, en el marco de una pesquisa sobre corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), escuchaba conversaciones del exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Jaime Ramírez Cobo, y terminó accidentalmente interceptando diálogos del mandatario y la diplomática. Al percatarse de este hecho, la Sala de Instrucción, bajo dirección del magistrado Misael Rodríguez, ordenó suspender inmediatamente las escuchas, una reacción que contrastó con la documentada interceptación de las conversaciones del expresidente Álvaro Uribe en 2018, caso en el que las grabaciones continuaron pese a que quedaron identificados los interlocutores.

En el escenario de Uribe, la Corte Suprema tenía la facultad de proceder debido a que el expresidente enfrentaba investigación por presunto soborno de testigos. No ocurre lo mismo con Petro, quien no es objeto de una pesquisa por parte del alto tribunal, y por ende, la interceptación de sus comunicaciones carece de sustento legal. La situación deja abierto el interrogante sobre las razones por las cuales el presidente Petro utilizaba la misma línea telefónica de un exfuncionario vinculado a investigaciones por corrupción, específicamente, la de Jaime Ramírez Cobo.

Ramírez Cobo, figura central en el escándalo de la UNGRD, fue señalado en múltiples testimonios recogidos en el expediente judicial como un intermediario en el entramado político del actual gobierno y de algunos congresistas. Estas declaraciones lo relacionan con procesos de asignación de contratos y maniobras jurídicas para favorecer operaciones públicas cuestionadas. La confianza que mantenía con Laura Sarabia, actual embajadora y exdirectora del DAPRE, sugiere una relación cercana que podría explicar el intercambio de la línea telefónica, aunque hasta la fecha no existe una explicación oficial sobre el tema.

Para intervenir la línea telefónica de Ramírez Cobo, la Corte Suprema argumentó su papel como enlace entre senadores bajo investigación y su capacidad de aportar información relevante para esclarecer responsabilidades de congresistas aforados. Las pesquisas judiciales apuntan a la aprobación de más de 700.000 millones de pesos en contratos canalizados a través del Ministerio de Hacienda, con Ramírez Cobo identificado por la Fiscalía como un actor fundamental en dichas tramitaciones.

A pesar de su rol protagónico, Ramírez Cobo no es objeto directo de investigación en la Corte Suprema debido a la ausencia de fuero, aunque la Fiscalía sí recaba pruebas y testimonios que permitan avanzar hacia una imputación. El principal señalamiento provino de María Alejandra Benavides, exasesora ministerial, quien lo sindicó como intermediario entre congresistas y la cartera. No obstante, hasta el momento la evidencia no ha sido concluyente, y la Fiscalía persiste en la búsqueda de testimonios adicionales que permitan formalizar cargos y, posiblemente, ofrecerle un preacuerdo para colaborar en la causa contra otros funcionarios.

El paradero actual de Ramírez Cobo es desconocido desde que en marzo de 2025 dejó el país rumbo a Europa, decisión que coincidió con la reactivación de la investigación derivado de nuevas imputaciones contra figuras como Olmedo López y Sneyder Pinilla. Chats obtenidos por la Fiscalía demuestran que Ramírez gestionó solicitudes para agilizar contratos por millones de pesos destinados a contratistas vinculados por representantes políticos específicos, entre los que destacan Wadith Manzur y Karen Manrique.

¿Por qué son frecuentes las interceptaciones accidentales a figuras clave en investigaciones judiciales en Colombia?
Esta pregunta adquiere relevancia en el contexto de recientes casos que han expuesto fallos en los protocolos de interceptación. Como muestra la experiencia con Álvaro Uribe en 2018 y ahora con Gustavo Petro, las escuchas no solo impactan procesos judiciales, sino que despiertan debates sobre la transparencia, la ética y el alcance de las facultades judiciales en investigaciones sensibles.
Entender las motivaciones y circunstancias de estas interceptaciones accidentales arroja luz sobre los límites de la vigilancia en Colombia y exige una reflexión sobre los mecanismos de control institucional para evitar vulneraciones de derechos fundamentales en el desarrollo de investigaciones penales de alto perfil.