Daniel Quintero vive la mala hora por delicado caso de corrupción que pagó caro su hermano

Nación
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La Fiscalía imputó cargos a Miguel Quintero Calle por una presunta red de corrupción en el AMVA que involucra seis contratos por 17.656 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación imputó este 10 de septiembre de 2026 cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por su presunta participación como cabecilla de una red de corrupción contractual que operó en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la administración entre 2020 y 2023.

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La imputación de cargos

La diligencia judicial se llevó a cabo en el Juzgado 27 Penal de Control de Garantías de Medellín, donde el ente acusador formalizó la imputación contra Miguel Quintero y otras tres personas por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La audiencia, programada inicialmente para las 2:30 de la tarde, logró realizarse tras tres intentos fallidos anteriores debido a peticiones de la defensa de los indiciados y una incapacidad de la jueza encargada del caso.

Los hechos investigados

Según la Fiscalía, los cuatro imputados podrían ser partícipes de un esquema que involucra seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 por un monto cercano a los 17.656 millones de pesos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Los contratos tenían como objetivo reducir la exposición al riesgo de las comunidades frente a la pandemia del Covid-19 y prestar asistencia a los cuerpos de bomberos del Área Metropolitana, pero habrían sido direccionados para beneficiar a particulares.

El papel de Miguel Quintero

La fiscal delegada señaló que Miguel Quintero Calle, aun sin ser funcionario público, intervino en los procesos de contratación por intermedio de funcionarios del AMVA con el fin de recibir un beneficio económico, por lo que debe responder como determinador de los presuntos delitos cometidos por los servidores públicos.

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Según la acusación, Quintero habría actuado como el cerebro del plan criminal, utilizando a funcionarios como Vanesa Álvarez, exasesora jurídica del AMVA y exsecretaria de Medio Ambiente, y Álvaro Alonso Villada García, exdirector financiero de la entidad, para controlar la contratación.

Los otros imputados

Además de Miguel Quintero, la Fiscalía imputó cargos a Álvaro Alonso Villada García, exdirector financiero del AMVA; a Vanesa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad; y a Sebastián Ortega, hijo de un influyente político de Bello.

La delegada de la Fiscalía indicó que los cuatro indiciados “podrían ser partícipes” en los delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación relacionados con los seis contratos investigados.

La comisión del 15%

Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que la presunta red de corrupción cobraba una comisión del 15% sobre el valor de los contratos que se celebraban en el AMVA, según informaron fuentes presentes en la diligencia.

Este porcentaje habría sido el beneficio económico que recibían los integrantes de la estructura por direccionar los procesos de contratación hacia empresas específicas que pagaban las comisiones ilegales.

El modelo replicado en otras entidades

Las conductas investigadas tienen que ver con el rol que los imputados habrían cumplido en un presunto entramado para controlar la contratación en el AMVA, cuyo modelo se habría replicado además en Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encontró recientemente un presunto esquema de cartelización y direccionamiento de contratos entre el AMVA y Metroparques durante la administración de Daniel Quintero, relacionado con la contratación del Parque Metropolitano de las Aguas.

La medida de aseguramiento

En la audiencia también se solicitó medida de aseguramiento para los cuatro indiciados, quienes fueron imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

El juez de control de garantías será el encargado de decidir si impone prisión preventiva u otra medida cautelar a los imputados mientras avanza la investigación por los presuntos actos de corrupción.

El contexto de las investigaciones

Esta imputación se da en medio de un amplio escándalo de corrupción que involucra a más de 60 personas investigadas y cerca de 50 imputadas en relación con la gestión de Daniel Quintero al frente de la Alcaldía de Medellín entre 2020 y 2023.

La Fiscalía también ha radicado un escrito de acusación contra el propio Daniel Quintero, nueve de sus exfuncionarios y tres personas más por la presunta conformación de una red de corrupción para negociar contratos públicos a cambio de dinero.

Las otras investigaciones en curso

Paralelamente, la SIC reveló un presunto esquema de corrupción contractual que habría operado en 2021 en el AMVA y Metroparques, con un detrimento patrimonial estimado en 1.300 millones de pesos, información que fue trasladada a la Fiscalía y la Contraloría para determinar responsabilidades.

La Alcaldía de Medellín anunció recientemente una denuncia penal contra el representante Hernán Araújo por contratos que suman cerca de 200.000 millones de pesos, mientras la Fiscalía investiga a Miguel Quintero por presunto enriquecimiento ilícito.

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