Imputan cargos a exfuncionarios de la Alcaldía de Valledupar; exigirían dinero por trámites

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Dailin Carmen Guerra Martínez y José Eliecer Almenares Fontalvo deberán responder por el delito de concusión, del cual se declararon inocentes.

Dos exfuncionarios de la Secretaría de Gobierno de Valledupar fueron judicializados por presuntamente haber exigido cuantiosas sumas de dinero para agilizar un trámite en la dependencia en la que trabajaban entre los años 2007-2008.

Los involucrados son Dailin Carmen Guerra Martínez y José Eliecer Almenares Fontalvo, imputados por el delito de concusión por la Fiscalía 12 seccional en las audiencias preliminares desarrolladas ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de Control de Garantías.

(Lea acá: El endeudamiento del Cesar en 12 años de gobierno de Monsalvo Gnecco)

Según la investigación, los exfuncionarios realizaron exigencias económicas a la ciudadana Dignora Esther Brau Ospino con el fin de agilizar un permiso para realizar un evento denominado ‘Feria Artesanal’ que se llevaría a cabo entre el mes de abril y mayo del año 2008 en Valledupar.

Por eso, el 13 de junio de 2007 presuntamente Dailin Carmen Guerra ofreció su colaboración a la ciudadana y le pidió $ 1.500.000, suma que fue entregada. Sin embargo, en una nueva reunión el 14 de enero de 2008 aparentemente Guerra nuevamente le pidió a Dignora Esther Brau la suma de $ 2.500.000 para que a través de un familiar del entonces secretario no se presentaran inconvenientes para que se aprobara el trámite. El dinero fue entregado.

Pero no conforme con esto se habrían presentado mayores exigencias, puesto que en un encuentro posterior en los que presuntamente estuvieron presentes Dailin Carmen Guerra Martínez y José Eliecer Almenares le exigieron a Dignora Brau la suma de $ 15.000.000 que fue disminuida a $ 10.000.000 con la excusa de darle parte del dinero al intermediario. 

“Dignora Esther se encuentra nuevamente con los dos servidores públicos, y le hace entrega a Jorge Eliecer Almenarez de la suma de $ 6.000.000, pero el supuesto intermediario rechaza el dinero y exige $ 8.000.000, a lo cual, finalmente no se accede”, indicó la Fiscalía.

En consecuencia, la ciudadana interpuso la denuncia que años después arrojó los primeros resultados. Los imputados no aceptaron los cargos.

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