Hacen pedido clave al Consejo de Estado: podría darse cambio en Tribunal Superior de Bogotá

Una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado pide que se anulen dos decisiones administrativas relacionadas con el nombramiento de una magistrada.

Una demanda ante el Consejo de Estado pide que se anulen dos decisiones administrativas relacionadas con el nombramiento de una magistrada nombrada en el Tribunal Superior de Bogotá.

La demanda cuestiona, principalmente, el Acuerdo 1288 del 21 de febrero de 2019, mediante el cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aprobó el traslado de la magistrada para ocupar un cargo en la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

También pide anular un documento previo, el oficio CJO18-4658 del 15 de noviembre de 2018, mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura dio un concepto favorable para permitir ese traslado.

Según el demandante, el proceso tuvo varias irregularidades. Primero, explica que la vacante en ese tribunal se produjo en 2017 tras la renuncia de un magistrado. En ese momento existía un concurso público para elegir a nuevos magistrados, por lo que el cargo debía ofrecerse a las personas que estaban en la lista de elegibles.

Sin embargo, en lugar de usar esa lista, las autoridades permitieron el traslado de la magistrada desde otro tribunal. El demandante afirma que ese traslado no cumplía los requisitos legales. Entre otras cosas, señala que la magistrada no había realizado ni aprobado el curso de formación judicial inicial, requisito obligatorio cuando se cambia de especialidad dentro de la carrera judicial.

Además, asegura que el Consejo Superior de la Judicatura se demoró demasiado en emitir el concepto favorable y lo hizo cuando ya existía un registro de candidatos que habían participado en el concurso. Esto, según la demanda, afectó el principio de mérito y la igualdad de oportunidades para quienes aspiraban al cargo.

Por estas razones, el demandante solicita que el Consejo de Estado declare nulos tanto el concepto favorable como el nombramiento de la magistrada, porque considera que se tomaron con errores legales, motivaciones incorrectas y sin cumplir todos los requisitos exigidos por la ley.