Petro contestó, defensivo, al Consejo de Estado y sigue con narrativa de "golpe de Estado"

El presidente Gustavo Petro se refirió este martes al llamado que horas antes elevó el Consejo de Estado en pleno, que pidió respeto por sus determinaciones y fallos judiciales, luego de que el jefe de Estado una vez más los cuestionara y los catalogara como “perfidia”.

Frente a ello, el mandatario volvió a echar mano de la tesis alrededor de un supuesto golpe de Estado y reclamó por una supuesta censura: “toda decisión será respetada, menos el golpe de Estado. Pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión”.

Previamente, en un inusual y contundente pronunciamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado expresó su rechazo a los reiterados comentarios del presidente Gustavo Petro sobre los fallos y decisiones emitidos por esa alta Corporación. El reproche profundiza las tensiones entre las cortes y el mandatario, cuyas diferencias ideológicas han generado múltiples enfrentamientos a lo largo del año.

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Los magistrados en pleno calificaron como “graves, sistemáticos e irrespetuosos” los mensajes emitidos por el presidente de la República en contra de sus decisiones, afirmando que estos ponen en entredicho “la honorabilidad, integridad y eficacia” con la que actúa el Consejo de Estado. En su declaración, los togados manifestaron su “contundente rechazo” tanto ante la opinión pública como ante organismos internacionales.

El episodio más reciente ocurrió la semana pasada, cuando el presidente Petro criticó el fallo que anuló la elección de José Luis Bohórquez López como alcalde de Duitama, Boyacá.

“Respeto al juez, pero aquí hay perfidia porque nuestros candidatos del Pacto Histórico son una coalición integrada tanto por Colombia Humana como por el Polo Democrático y otros partidos”, afirmó el mandatario, sugiriendo que la decisión busca frenar las iniciativas de su Gobierno que propenden el “cambio”.

Petro insistió en que estas decisiones representan un intento por detener la voluntad popular: “Así detienen a la juventud que gana elecciones, así detienen el voto popular. En algunos corazones de la vieja política y en la justicia quieren a toda costa detener el cambio. Lo que nace no es el derecho, sino el lawfare: el mal uso del derecho contra el voto popular”, aseveró.

Sin embargo, no es la primera vez que el jefe de Estado arremete contra el Consejo de Estado. Meses atrás, el mandatario cuestionó con dureza a esa corporación después de que su Sala de Consulta ratificara la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar los topes de financiación de su campaña presidencial en 2022.

Estas declaraciones parecen haber colmado la paciencia del alto tribunal, que por primera vez reacciona de forma pública y unánime. Los magistrados exigieron respeto a la autonomía e independencia del poder judicial y rechazaron las acusaciones de Petro sobre supuestos intereses políticos en sus decisiones.

“La Corporación rechaza categóricamente las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular, pues estas distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad. Cuestionar las sentencias y pronunciamientos de esta Corporación como actos de golpe blando y perfidia, es decir, de deslealtad o traición a los principios democráticos, desconoce la función del poder judicial, que actúa libre de todo tipo de presión”, señalaron.

El Consejo de Estado recordó que sus decisiones se basan en rigurosos estudios y análisis jurídicos, y no en coyunturas políticas: “Las sentencias, conceptos y todas las actuaciones que adopta esta Corporación, como suprema autoridad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y juez de los actos del Gobierno y de la administración pública, son el resultado de procesos ajustados a la Constitución y la ley, guiados por los principios de autonomía e independencia judicial”.

Finalmente, los magistrados hicieron un llamado a la coherencia en las intervenciones públicas del presidente, instándolo a evitar declaraciones que puedan generar perfilamientos o poner en riesgo la seguridad de los miembros de la corporación.

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“La confianza en las instituciones es esencial para que la justicia siga siendo un pilar de nuestra sociedad, pues su debilitamiento solo favorece a aquellos que buscan el beneficio propio en lugar del bienestar colectivo. Esta Corporación reclama de las altas dignidades del Estado que sus manifestaciones sean acordes con la responsabilidad del cargo que ejercen, como corresponde en un Estado constitucional y democrático de derecho”.