Petro tiene grave problema con EPS por llamar "bandido" a su exgerente y deberá retractarse

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente dar una excusa pública por arremeter contra Coosalud y sus anteriores directivos.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de las afirmaciones realizadas en redes sociales y discursos oficiales contra Jaime Miguel González Montaño, exgerente de Coosalud EPS.

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Según la decisión, las expresiones del mandatario vulneraron los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el debido proceso de González. En esas publicaciones, Petro lo vinculó directamente con supuestos desfalcos y operaciones financieras irregulares.

El fallo conocido este miércoles, revocó una decisión tomada por el juzgado 24 Administrativo de Bogotá, que en primera instancia había declarado improcedente la tutela.

Y es que tras revisar las pruebas presentadas el tribunal concluyó que la acción sí cumplió con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, puesto que las declaraciones presidenciales se extendieron hasta julio de 2025 y generaron un daño reputacional que continúa amplificándose y que los mecanismos ordinarios, como denuncias por injuria y calumnia o solicitudes de rectificación, no lograron detener el impacto de los señalamientos.

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En el expediente quedó registrado que el presidente publicó varios mensajes en su cuenta de X y realizó afirmaciones en actos oficiales acusando a González Montaño de apropiación de recursos públicos, montaje de redes para enviar dineros a paraísos fiscales y participación en presuntos fraudes financieros.

Varias de esas publicaciones mencionaron al exdirectivo de forma explícita, lo calificaron como “bandido” y lo relacionaron con la supuesta pérdida de más de 200.000 millones de pesos de recursos de la salud.

Ante esto, el abogado Julián Quintana, encargado de la defensa de las anteriores administraciones de Coosalud EPS, que fue intervenida por el Gobierno, interpuso los recursos correspondientes buscando resarcir el daño causado por las declaraciones.

Para ello, la defensa presentó una serie de documentos que certifican que la entidad no realizó transferencias hacia países paraísos fiscales ni operaciones con vinculados del exterior durante 2023 y 2024.

Asimismo, una certificación del Banco GNB Sudameris confirmó que desde las cuentas maestras de la EPS no se hicieron giros al extranjero, contradiciendo algunas de las afirmaciones realizadas por el presidente.

La decisión judicial recalcó que, aunque el presidente goza del derecho a la libertad de expresión, este no es absoluto, especialmente tratándose de un jefe de Estado, cuya comunicación tiene un alcance masivo y un peso institucional que puede amplificar el daño sobre un ciudadano.