Consulta popular convocada por Gustavo Petro puede volverse ‘plebiscito’ en su contra

En una decisión que va en línea con su marcada tendencia de apelar a la democracia directa, el presidente Gustavo Petro convocó este martes a una consulta popular ante el inminente hundimiento de sus reformas laboral y a la salud en el Congreso, rama del poder público que encarna la democracia representativa y que el mandatario insiste en soslayar. Y también en línea con lo que ha sido su Gobierno, convocó al pueblo para que salga a las calles a lo que él llama “estallido social”, buscando emular la explosión de desórdenes y desmanes que sacudieron al país en 2021 con un lamentable saldo de muertos, heridos, y daños a la economía y la infraestructura.

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“Hay que hacer una convocatoria al pueblo para movilizarse y a decidir directamente”, dijo el jefe de Estado en su alocución televisada. “Eso se llama consulta popular y eso haremos para decidir sobre la reforma laboral y la reforma a la salud. Que sea el pueblo el que decida”. El presidente Petro considera que frente a esas reformas “la oposición se ha alzado y hay un bloqueo institucional contra el voto popular del año 2022”. “Nosotros creemos que ese bloqueo institucional hay que superarlo si queremos democracia y paz en este país”, advirtió, y volvió a hablar de un presunto golpe de Estado.

Su nueva y airada invitación a salir a las calles fue la reacción al hecho de que en la Comisión Séptima del Senado se radicara una ponencia de archivo de la reforma laboral con el respaldo de ocho congresistas, a quienes acusó de mentirles a los colombianos y de ser los responsables de que los trabajadores no cuenten con verdaderas garantías laborales.

“La reforma laboral […] lo único que planteaba era que, si había horas extras, trabajo en festivo, se pagara un poco más; […] que si una mujer tenía menstruación, pudiera tener una licencia laboral como un derecho de la mujer; […] que […] a los […] trabajadores no se les contrate por dos meses […] cuando sus funciones son misionales, sino que se les contrate a término indefinido para garantizar estabilidad laboral y no esclavitud y no acoso laboral y sexual contra las mujeres en las empresas […]”, dijo.

Otros sectores, en cambio, vienen planteando que esa reforma podría tener impactos negativos en el empleo (reducción del empleo formal por aumento de costos salariales, lo que afectaría a los trabajadores que buscan empleo o están en la informalidad y elevaría el desempleo), en la seguridad social (la disminución del empleo podría reducir los aportes al sistema de seguridad social, lo que elevaría el gasto público para sostener el sistema de salud y pensiones), en la formalización (podría aumentar la informalidad) y en la competitividad (podría dificultar la reactivación y el crecimiento económico del país).

Además, consideran que la reforma laboral podría precarizar la labor, aumentar la carga tributaria de empleados formales, causar costos adicionales para empresas, ocasionar problemas de comunicación y coordinación e incluso impactar en la atención al cliente. Todas esas consideraciones también las tuvieron en cuenta los legisladores para proponer el archivo de la reforma laboral, y ante eso el presidente Petro convoca a una consulta popular.

Qué es una consulta popular

Se trata de uno de los mecanismos de participación ciudadana establecido en la Constitución para asegurar e incentivar la democracia participativa directa de los ciudadanos. Mediante la consulta popular se convoca al pueblo para que decida acerca de algún tema de vital importancia para la ciudadanía, que puede ser nacional, departamental, municipal, distrital o local. Los otros mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo con el Artículo 103 de la Carta Política, son el voto, el referendo, el plebiscito, la iniciativa legislativa o normativa, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto.

La única condición de la o las preguntas que se le van a hacer a los colombianos en la consulta popular es que deben ser diseñadas de forma que induzcan a una posible respuesta que dé como resultado sí o no. Y, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1757 de 2015, para que esta iniciativa de carácter nacional sea presentada ante el Senado de la República se requiere del apoyo de un número de ciudadanos igual o superior al 5 % del censo electoral en la fecha respectiva (es decir, de un poco más de dos millones de ciudadanos si se tiene en cuenta que el censo electoral actual es de 40’963,370 colombianos). Pero ese es apenas el comienzo.

El artículo 41 de la misma ley estipula que la decisión del pueblo en la consulta popular será obligatoria cuando se cumplan otros dos requisitos. Primero: que participen no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo electoral (si el censo electoral en Colombia son hoy 40’963,370 ciudadanos, un tercio serían unos 13’654,456 colombianos), y segundo: que la pregunta planteada obtenga el voto afirmativo de la mitad más uno de esos sufragios válidos (en este caso se habla de la mitad de13,654,456 colombianos, es decir, unos 6’827.229 ciudadanos).

Más allá de los respaldos obvios de los copartidarios del presidente Petro, como el de la representante María Fernanda Carrascal en X (“¡Que el pueblo decida! Acompaño al presidente @petrogustavo en su propuesta de convocar una consulta popular. Contra el bloqueo institucional, profundicemos la democracia”), hay quienes, como el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, consideran que a la idea del mandatario no le alcanzan los tiempos y no “tiene sentido hacer una consulta popular sobre el tema porque es un articulado técnico donde no cabe una pregunta única o una pregunta que no dé lugar a dudas en la respuesta y francamente es mejor ese dinero a programa sociales efectivos”.

“Digámoslo claramente. Esa consulta popular es ‘una casita en el aire’. Ni se va a lograr, ni sirve para nada. Para nada distinto a hacer pura politiquería por cuenta de los colombianos”, continuó Restrepo también en la red social X. “Y mientras tanto la salud, la educación y la vivienda desfinanciadas. Prioridad: el burdo populismo para agitar las bases, sabiendo que nada se va a conseguir y que el ciudadano se ve perjudicado porque una consulta cuesta dinero, que siempre será mejor invertido en lo social”.

Gustavo Petro hace una apuesta temeraria

La apuesta del presidente Petro resulta temeraria, tanto por el momento de su Gobierno, que ya está con el sol a las espaldas (le quedan 14 meses), como por el resultado que pueda obtener, así convoque a las calles a sus bases en una demostración de peligroso volumen que puede derivar en consecuencias imprevisibles.

Para empezar, la Ley 134 de 1994, que regula los mecanismos de participación ciudadana, establece que para sacar adelante la convocatoria del jefe de Estado a una consulta popular se requiere de la firma de todos los ministros (un requisito que se da por descontado), pero la decisión final recae en el Senado de la República, en donde el mandatario ha encontrado las mayores dificultades para sacar adelante sus iniciativas.

Por otra parte, debido al sostenido índice de desaprobación del presidente Petro en los sondeos de opinión, la incontrolable situación de orden público, la amenaza de un apagón por las deudas del Gobierno con las generadoras eléctricas, la poca ejecución de los ministerios, y los graves y permanentes escándalos que explotan dentro de su administración, entre otros factores, la consulta popular podría mutar en una suerte de ‘plebiscito’ —como ya ocurrió con las elecciones de alcaldes, en las que los candidatos del petrismo sufrieron estruendosas derrotas— pues constituye también un pronunciamiento de la ciudadanía que castigaría la gestión del mandatario.

De hecho, varios sectores políticos de la oposición, como Cambio Radical, celebraron que el presidente Petro haya apelado a este mecanismo de participación ciudadana ciñéndose a la Constitución, porque les permitirá promover también el rechazo a esa iniciativa que califican como una entrada de lleno del mandatario en la campaña electoral del 2026, dejando definitivamente abandonada la orden que le dieron los colombianos de gobernar.

Si la convocatoria a una consulta popular supera la prueba del Senado y se da el escenario de que los colombianos respondan sí a la pregunta o preguntas que se les hagan, el jefe de Estado quedará fortalecido y con el camino despejado para su aspiración de darle continuidad al proyecto progresista en las elecciones del año entrante. Pero si responden no, entrará al peor de los mundos: el de la ingobernabilidad a más de un año de que termine su mandato, terminando por anticipado su periodo, lo cual hundiría al país aún más en la crisis que ya padece.