"Intervengan la cárcel", suplican guardias para frenar contagio y denuncian persecución

El sindicato del Inpec en la cárcel de Villavicencio hizo un desesperado llamado para que se practiquen pruebas masivas en el penal ante el incremento de casos.

En la tarde de este martes la Gobernación del Meta confirmó 15 nuevos positivos entre los internos del penal, luego de que el fin de semana fallecieran dos y uno más tuviera que ser hospitalizado por el virus.

Y en medio de la grave situación, el líder del sindicato de ese penal, Johan Alarcón, insistió en las “precarias” condiciones en las que están enfrentando la pandemia.

En un video que grabó desde la cárcel y que compartió su abogado Miguel Ángel del Río —el mismo que ayudó a destapar la ‘Ñeñepolítica’—, el funcionario indicó que las autoridades sanitarias no le han practicado ninguna prueba al cuerpo de custodia ni a administrativos de la cárcel. Y añadió:

“La ARL Positiva, contratada por el Inpec, no ha presentado el plan de contingencia sobre este virus que tiene riesgo biológico, ya que nosotros los funcionarios somos factor exponencial para la propagación”.

El guardián también le pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que intervenga el establecimiento y a los entes de control que no permitan la “persecución de los líderes sindicales” que están denunciando la crisis.

Esto porque, según explicó el jurista, en otros de sus trinos, el director del Inpec, general Norberto Mujica, les pidió a los directores regionales que le hagan saber quiénes son los guardianes que están denunciando los problemas en las cárceles.

Por eso, explicó en otra publicación, acudirán a los organismos de control para poner en su conocimiento “las arbitrariedades e intimidaciones” del general Alarcón contra los sindicatos.

El dragoneante Alarcón ya había grabado un video el 11 de abril en el que pidió que les hicieran llegar elementos de protección para protegerse de la pandemia porque el Inpec “no ha enviado lo necesario para mitigar el virus”.

Además, pidió celeridad ante la demora del Gobierno para expedir el decreto de excarcelación de las poblaciones con mayor riesgo, situación que también ha criticado la Procuraduría.