Colombia bloquea señal celular en cárceles clave para frenar extorsiones: ¿es el fin de las llamadas criminales?

El ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, tomó la decisión de ordenar el bloqueo inmediato de las señales de telefonía celular en tres de los principales establecimientos penitenciarios de Colombia: Cómbita, Valledupar y La Dorada. Esta instrucción se implementa como una respuesta firme frente a los crecientes casos de extorsión y otras actividades ilícitas que, según las autoridades, se han venido coordinando desde el interior de las cárceles. La medida pretende cortar de raíz la posibilidad de que los reclusos continúen delinquiendo a través de llamadas desde los centros de reclusión, afectando gravemente la seguridad ciudadana fuera de los muros carcelarios.

Durante un evento en el cual se entregó nueva dotación de seguridad al personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la cárcel La Modelo, Idárraga fue categórico al señalar que, pese al avance tecnológico existente, Colombia sigue siendo un caso atípico donde no funcionan sistemas efectivos de bloqueo de señales en prisiones. El ministro expresó que esta situación es inaceptable y necesita respuestas inmediatas, enfatizando que el país no puede prolongar el análisis técnico ni sumirse en excusas cuando la situación actual demanda soluciones urgentes.

La exhortación a la acción fue dirigida de manera directa al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), encargada de la infraestructura carcelaria, instruyendo para que los bloqueos a las señales celulares sean implementados de forma expedita. El mensaje del Gobierno es claro: no habrá margen para dilatar decisiones en materia de seguridad, y la lucha contra la extorsión no da tregua.

Además, Idárraga advirtió que los directores de los penales serán evaluados estrictamente en función del orden y la legalidad que se mantenga en los establecimientos a su cargo. Declaró que cualquier situación anómala, como fiestas o excesos protagonizados por los internos, será motivo suficiente para la remoción de los responsables, en un intento por erradicar la permisividad administrativa y el avance de prácticas criminales dentro de las cárceles.

En su intervención, el ministro también anunció el inicio de conversaciones con autoridades de El Salvador para investigar posibles vínculos entre reclusos colombianos y grupos delictivos centroamericanos, manifestando su preocupación por los efectos trasnacionales de la extorsión y su rechazo a que los problemas penitenciarios del país tengan repercusiones en otras regiones de Centroamérica.

Respecto a la protección del personal penitenciario, Idárraga subrayó la relación entre la criminalidad interna y los ataques contra los funcionarios encargados de la seguridad. Para abordar este riesgo, se destinaron más de 15.000 millones de pesos en equipamiento de protección, que incluye armas de fuego, chalecos antibalas, camisetas blindadas y máscaras de seguridad, beneficiando tanto a la planta administrativa como al personal de custodia.

A pesar de que se ha firmado un acto administrativo para aumentar la prima de riesgo que reciben los funcionarios del Inpec, el ministro reconoció que estas medidas aún resultan insuficientes frente a los desafíos actuales de seguridad en el sistema penitenciario. Finalmente, reiteró que el control total sobre la comunicación ilegal es central en la estrategia oficial, ya que, en sus palabras, “si no acabamos con los celulares en las cárceles, esta violencia difícilmente va a cesar”.

¿Por qué los bloqueadores de señal son cruciales en la lucha contra la extorsión carcelaria? Las cárceles colombianas han sido identificadas como focos desde los cuales se orquestan extorsiones y otros crímenes, valiéndose particularmente del uso de celulares. El bloqueo de señales impide que los internos comuniquen órdenes o intimiden a víctimas en el exterior, reduciendo los recursos logísticos que alimentan las redes delictivas. Esta estrategia, respaldada por las autoridades, busca cortar el flujo de comunicación para frenar la incidencia de estos delitos.

El debate sobre la eficacia y el alcance real de los bloqueadores de señal continúa abierto entre especialistas y entidades del sector penitenciario. No obstante, para el Gobierno, controlar la tecnología utilizada por los reclusos se presenta como una de las herramientas más contundentes para contener la criminalidad organizada que opera desde las prisiones. ¿Lograrán estas nuevas medidas traducirse en una disminución significativa de los delitos coordinados desde los centros carcelarios?