Colombia lanza Academia Diplomática Popular en medio de polémica por cambios en requisitos para embajadores

En un momento de importantes cuestionamientos al Ministerio de Relaciones Exteriores, la canciller Rosa Villavicencio enfatizó la voluntad del “gobierno del cambio” de revolucionar el acceso y funcionamiento del servicio diplomático colombiano. La funcionaria hizo este pronunciamiento durante el lanzamiento de la Academia Diplomática Popular, una nueva propuesta que busca abrir las puertas de la carrera diplomática a sectores más amplios de la población, y que coincide con la controversia suscitada por un borrador de decreto que modificaría los requisitos necesarios para ser embajador o cónsul, puntos clave de la representación internacional del país.

Villavicencio subrayó que la diplomacia colombiana debe construirse desde las comunidades, lejos de limitarse a los tradicionales círculos de poder. Según sus palabras, la diplomacia comunitaria es la bandera con la que Colombia se presenta ante el mundo, reflejando los principios del actual gobierno. En ese sentido, la Academia Diplomática Popular constituye una apuesta por la democratización del acceso diplomático, y su objetivo es que personas de distintos territorios accedan a una formación gratuita y presencial que les permita aspirar a ingresar a la carrera diplomática y consular, antes reservada en buena medida a quienes vivían en grandes centros urbanos.

De acuerdo con Harol González Duque, director de la Academia, esta iniciativa permite descentralizar y democratizar el acceso a la carrera diplomática, materializando así las directrices del presidente Gustavo Petro en cuanto al fortalecimiento y diversificación de la diplomacia nacional. Para garantizar una mayor cobertura, diplomáticos de carrera fueron enviados recientemente a 16 ciudades, entre ellas Neiva, Pasto, Quibdó, Medellín y San Andrés Islas, donde acompañaron a los aspirantes en las jornadas presenciales preparatorias para el examen de ingreso.

Sin embargo, este esfuerzo de apertura ocurre mientras el Ministerio afronta críticas intensas a raíz de la propuesta de decreto presidencial que, de aprobarse, reduciría los requisitos para ser embajador o cónsul a dos condiciones fundamentales: ser colombiano por nacimiento y tener más de 25 años. Según el propio presidente Petro, estos requisitos son equiparables a los exigidos para los ministros de su gabinete, y responden a la necesidad de confiar plenamente en quienes ejecutan las políticas exteriores del Ejecutivo.

Diversos sectores al interior de la Cancillería han manifestado su inconformidad frente a la propuesta. Tanto la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) como la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) rechazaron la posibilidad de que estos altos cargos queden sujetos a un nombramiento casi discrecional. Los sindicatos consideran que la iniciativa representaría un retroceso institucional profundo y rompería el balance entre la carrera diplomática y los puestos de libre nombramiento, afectando la profesionalización y la estabilidad del servicio exterior colombiano.

Estos debates ponen en el centro la tensión entre la necesidad de mayor apertura y la importancia de mantener criterios profesionales claros, abriendo así una discusión crucial sobre el modelo de diplomacia que Colombia debe seguir en el futuro.

¿Por qué es importante el equilibrio entre la carrera diplomática y los cargos de libre nombramiento?

Esta pregunta surge frente a las preocupaciones de los sindicatos de la Cancillería y especialistas sobre la profesionalización del servicio exterior. La carrera diplomática garantiza que los funcionarios públicos que representan a Colombia en el extranjero tengan una formación especializada y trayectoria dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que históricamente ha contribuido a la estabilidad y coherencia de la política internacional del país.

Por otro lado, los cargos de libre nombramiento —en los que el presidente puede escoger a los embajadores y cónsules que considere idóneos, bajo criterios políticos o de confianza— facilitan la implementación directa de las políticas del Ejecutivo, pero podrían debilitar la institucionalidad si no se mantiene el debido equilibrio con la carrera diplomática. El debate actual muestra la relevancia de encontrar un punto medio que permita combinar apertura democrática y profesionalismo en la representación internacional.