“Atacatarlas”: así enfrenta Gobierno de Petro decisiones de Corte Constitucional y Emisor

Un ‘lapsus linguae’ del ministro de Hacienda, Germán Ávila, resume las dos maneras como responde el Ejecutivo: por un lado acata y por el otro ataca.

En una inusual seguidilla, el Gobierno del presidente Gustavo Petro recibió esta semana dos duros golpes. La Corte Constitucional, principal guardián de la Constitución de Colombia, y el Banco de la República, máxima autoridad nacional de la regulación monetaria, tomaron decisiones que ponen en aprietos al Ejecutivo. La Corte suspendió el decreto de emergencia económica que buscaba, mediante impuestos, recaudar más de 11 billones de pesos, y el Emisor incrementó en cien puntos básicos la tasa de interés. Esa nueva prueba de independencia y de funcionamiento pleno del andamiaje institucional molestó al Gobierno, varios de cuyos miembros aseguraron acatar esas decisiones, a las que el jefe de Estado se dedicó a atacar.

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Así, entre acatar y atacar —dos palabras muy parecidas, pero con significados profundamente distintos— se reedita también el discurso pasivo-agresivo gubernamental que ya ha tenido otras expresiones. Los dos términos fueron integrados en uno solo, en una suerte de acrónimo, en un ‘lapsus linguae’ que tuvo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, precisamente comentando las decisiones de la Corte Constitucional y el Banco de la República. El error inconsciente o involuntario del alto funcionario, que pasó inadvertido, refleja, sin embargo, la manera como el Gobierno enfrenta las decisiones de las autoridades que le resultan adversas.

Gustavo Petro ataca a Corte Constitucional y Banco de la República

“Las decisiones judiciales hay que atacatarlas en el momento en que entran en vigencia”, dijo Ávila en rueda de prensa. “Ahora: las decisiones judiciales también tienen recursos. Entonces, así como entran en vigencia en el momento en que han sido establecidas, también entran inmediatamente en revisión los recursos que son los que vamos a colocar ante la propia Corte”. El ministro mostró acatamiento —pese al desliz lingüístico que lo llevó a balbucear— y señaló el camino correcto cuando no se está de acuerdo con una decisión judicial: interponer los recursos correspondientes. Dio ejemplo de respeto por las instituciones, pero el presidente Petro, más tarde, mostraría la otra cara de ‘atacatar’: atacó a la Corte Constitucional y al Banco de la República.

Este viernes, durante la entrega de la Institución Etnoeducativa Integral Rural de Villa Fátima, en La Guajira, el mandatario comenzó su discurso asegurando que “una de las grandes críticas de la oposición y los medios de comunicación, ahora que han salido una serie de cifras, y ahora que dos grandes poderes, el de la Corte Constitucional por un lado y el del Banco de la República, […] [es] que hay mucho gasto por parte del Gobierno. Han dicho, incluso, que es derrochar el dinero, y esa palabra derrochar el dinero se confronta con esta realidad [señalando el nuevo colegio]. No es sino mirar, solo que la televisión nunca muestra esto”.

Ante su auditorio, el presidente Petro no explicó que no es por el gasto en colegios y hospitales (que aplaude de pie todo el país) por lo que la Corte Constitucional dejó en suspenso su decreto de emergencia económica. Ocurrió, como han señalado expertos, porque no estaría sustentado en hechos sobrevinientes. Tampoco aclaró que la Junta Directiva del Banco de la República subió la tasa de interés del 9,25 % al 10,25 % no para impedir que se sigan ejecutando obras sociales como el colegio de La Guajira, sino para controlar la inflación y por el ajuste del salario mínimo del 23 %, que ha influido en las expectativas sobre precios futuros.

Otros expertos han señalado que la emergencia económica se podría evitar con un ajuste fiscal, o sea un recorte del gasto del Gobierno que está desbordado. La semana pasada, la Contraloría General de la República publicó un informe en el que evidenció ese hecho que viene presionando las finanzas públicas. Según el ente de control, entre 2023 y septiembre de 2025 las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación (PGN) destinadas a gastos de funcionamiento superaron los 880 billones de pesos, es decir, 87 billones más que los ejecutados en los cuatro años completos del mandato de Iván Duque.

Contratación en plena campaña para elecciones

Son los gastos de funcionamiento y no la inversión en colegios y hospitales lo que se le señala al Gobierno. Es un Estado pequeño y no uno descomunal e ineficiente lo que reclaman las circunstancias. Esta semana se supo, por ejemplo, que Colpensiones está creando 800 nuevos cargos. También se conoció que, antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías (30 de enero), el Gobierno habría firmado más de 85.000 contratos de prestación de servicios por cinco billones de pesos, redondeando lo que venía ocurriendo en el Ministerio de Trabajo, el Dapre, el Fondo del Ministerio de Igualdad y la Cancillería, entre otros. Muchas de esas plazas ocupadas por personas sin idoneidad.

Siguiendo la línea de argumentación del mandatario, quienes critican estas vinculaciones exprés estarían oponiéndose a la creación de empleo. El problema es que todo ocurre en plena campaña electoral y esas contrataciones le dan municiones a la oposición para afirmar que se está fortaleciendo el empleo militante: se aseguran puestos de trabajo, sí (aunque la mayoría no formales), pero también votos y el copamiento del aparato estatal solo con seguidores del presidente.

“Entonces, uno se preguntaría de dónde esos economistas alucinados no ven esto: la realidad”, continuó el presidente Petro en La Guajira, y señaló de nuevo el colegio que estaba entregando. “[Los economistas] ven unos números en su oficina y se emborrachan allí con los números, y van entrando en unas nubes de números y ni ven la realidad. Creen que la realidad está en los números y no en esta belleza. No en estos hechos, no cuantifican”.

Más adelante hizo una pregunta retórica (“¿Entonces es un derroche traer este colegio?”) con profundo impacto entre el auditorio que lo escuchaba, porque lo acorrala: ninguna persona cuerda hubiera tenido cómo responder que la construcción de un plantel educativo es un despilfarro. “¿A qué mente humana se le puede ocurrir?”, continuó, y luego de asegurar el foco de la atención en el colegio, lo convirtió en arma para irse de nuevo lanza en ristre contra los miembros de la Corte Constitucional y de la Junta Directiva del Banco de la República.

“A cualquier gerente o director o presidente de la Corte Constitucional, o del Banco de la República, ¿cómo se les puede ocurrir que esto es un derroche? Están en una alucinación: ¡que recortemos el gasto!”, dijo, limitando la idea del gasto del Gobierno a la construcción de colegios. Y mientras su ministro de Hacienda acataba y preparaba recursos legales en Bogotá contra la decisión de la Corte, el mandatario atacaba y validaba el balbuceo de Ávila de “atacatar”, arrojando al alto tribunal desde La Guajira una insidiosa afirmación: “Este es el mundo, es el real, no el mundo de la Junta Directiva del Banco de la República ni de algunos magistrados que se dejan obnubilar por el billete”.