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La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se quejó porque el gobierno canceló unilateralmente una reunión de verificación de la implementación del acuerdo.
En un comunicado, el partido Farc le atribuye el hecho a que se conoció un documento titulado “La implementación del Acuerdo de paz durante el gobierno de Iván Duque. Tendencia a la perfidia y simulación”.
Tal parece que ese documento debería haber pasado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, de acuerdo con el Gobierno, cosa que el partido dice que no estaba obligado a hacer, pero que mucho menos sería razón para cancelar la reunión. “El argumento resulta insólito si se considera que el Gobierno nacional ha presentado sus balances en los momentos y en los lugares que ha querido”, sostiene la Farc.
Después prosigue con múltiples acusaciones de incumplimientos a lo pactado en La Habana, pero también menciona el episodio reciente que desembocó en el anuncio de denuncias contra el canciller Carlos Holmes Trujillo, diciendo que el Gobierno “pregona a diario sobre su compromiso, fomenta el paralelismo en la reincorporación, y como si fuera poco nos quiere acostumbrar a recurrentes declaraciones altisonantes y mentirosas”.
Esto último sería la verdadera razón por la que se canceló el encuentro, tal como lo reconoció la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez: “el Gobierno reitera su compromiso con los acuerdos y siempre está dispuesto a reunirse, pero bajo el respeto por las instituciones, por lo que no podemos aceptar que se diga que funcionarios del Gobierno Duque han incurrido en delitos” declaró, de acuerdo con CM&.
Trujillo había dicho en días pasados que Rodrigo Granda se habría reunido con alias ‘Iván Márquez’ de forma clandestina, acusándolo de acordar en ellas “la creación de bloques políticos, el movimiento de tropas y entrenamientos a milicias del Eln y de los GAO-residuales, […] la protección por parte del régimen y traslados e identificación en caso de no recibir beneficios de la JEP”.
A raíz de esto, el partido anunció que presentaría una demanda por injuria y calumnia, cosa que el ministro de Relaciones Exteriores desestimó este jueves diciendo que no le preocupaba.
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