¿Por qué el presidente De la Espriella no sabía de los salarios del Fondo Milagro? Hay razón de peso

La controversia alrededor de las remuneraciones en el Fondo Milagro dio un giro institucional luego de que el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Leonardo Huerta, aclarara que dicha cartera no tuvo ninguna participación en la definición de la escala salarial de la entidad, la cual contempla un sueldo de 39,4 millones de pesos para el gerente y un gasto mensual en nómina cercano a los 760 millones de pesos.

Durante una intervención en Blu Radio, Huerta explicó que los colaboradores del fondo no ostentan la calidad de servidores públicos. Debido a que la entidad opera como un patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda y administrado a través de una fiduciaria, sus vínculos laborales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo. Bajo este marco jurídico, la fijación de los emolumentos no requería de conceptos previos o autorizaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) ni de la propia Función Pública, recayendo toda la responsabilidad de aprobación en el consejo directivo de la organización.

Dicha instancia directiva está conformada por delegados de los ministerios de Hacienda y Planeación, un funcionario adicional del Gobierno y cinco delegados del presidente, figurando nombres como el de Carlos Ríos —director del DAPRE y secretario general de la Presidencia— y empresarios de la talla de Mario Hernández y Liliana Restrepo. Aunque los recursos transitan por una fiducia, trascendió que el pago a la plana mayor y a los 27 empleados vinculados proviene de fondos públicos, lo que redirige los cuestionamientos hacia la cartera de Hacienda y la dirección del fondo.

La escala salarial de la entidad quedó al descubierto luego de que congresistas elevaran derechos de petición ante la inasistencia de los directivos a los debates de control político. Los montos asignados —que sitúan el salario del gerente Jaime Andrés Uribe por encima del de un ministro y casi al doble de lo devengado por los mandatarios locales de las regiones golpeadas por el sismo del pasado 10 de agosto— generaron un profundo malestar, especialmente al contrastarlos con los ingresos de referentes históricos como Everardo Murillo, quien dirigió el antiguo Forec tras el terremoto del Eje Cafetero con una remuneración equivalente a unos 19 millones de pesos actuales.

La opacidad institucional ha sido otro de los flancos más criticados. Desde el Congreso, la senadora Norma Hurtado, coordinadora de la comisión bicameral de seguimiento, denunció en el mismo espacio radial que los detalles de la nómina y el manual operativo del fondo no habían sido comunicados a los legisladores. “Esa información no había sido allegada al Congreso de la República y no había sido allegada a la comisión bicameral”, afirmó la congresista, quien además señaló que los contratos se están publicando en el SECOP hasta 20 días después de perfeccionados.

Hurtado advirtió que, pese a contar con un presupuesto aprobado de 624.000 millones de pesos para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias —monto exiguo frente a los estimados 54 billones que costaría la reconstrucción total en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda—, las comunidades afectadas aún no perciben soluciones habitacionales y las únicas obras entregadas se limitan a labores de demolición. Tras la tormenta mediática y política desatada, el presidente de la República anunció que intervendrá para corregir la tabla salarial, mientras la comisión bicameral continuará su veeduría evaluando el papel de las aseguradoras frente a los damnificados.