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Así lo comunicó Carmen Torres, directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, quien explicó varios detalles del proceso judicial.
“La Fiscalía con base en nuestra norma penal vigente, de acuerdo con el delito que fue imputado, que es el de ‘acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado’, solicitará ante el juez de conocimiento la imposición de una pena que va mínimo de los 16 años hasta los 30 años de prisión”, detalló la fiscal, en diálogo con Noticias Caracol.
Sin embargo, aclaró que en definitiva será un juez de la República el encargado de evaluar y dictar la sentencia contra los 7 militares señalados de violar a la niña indígena, en Pueblo Rico, Risaralda.
Al respecto de la imputación de ese delito y no el de ‘acceso carnal violento’, la directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía destacó que los dos comprenden una pena similar.
“La pena es igual, va de 16 a 30 años; lo más importante acá es explicarle a la comunidad que lo que se hizo fue presentar por parte de un fiscal a un juez de control de garantías, una evidencia y unos elementos materiales que habían sido recolectados y que sustentan la comisión de ese delito”, apuntó, en el informativo.
Sobre el sitio en el que están detenidos los militares, la funcionaria aclaró que ese fue un pedido de la defensa de los soldados y que bajo la consideración del juez, fue aceptado.
“Nosotros solicitamos medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, pero la defensa hizo una petición para que el sitio corresponda a una guarnición militar y es avalada por el juez”, agregó, en ese medio.
De igual forma fue contundente y afirmó que por el tipo de delito que les fue imputado, no podrán acceder a ningún tipo de rebaja en la condena que sea dada por el juez.
“Respecto a rebajas de pena, jamás en los delitos que tienen que ver con niños como víctimas se contemplan consideraciones ante rebajas de pena, como sí se contempla en otros delitos”, señaló, en ese canal.
En conversación con Blu Radio, la fiscal había dado a conocer que la menor ya fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y que las autoridades competentes les están brindado apoyo a la niña y a sus familiares. De hecho, la secretaría de Desarrollo Social de Pereira ubicó a la niña y a su hermana en un hogar de paso.
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