Fiscalía dio nuevo golpe por escándalo de UNGRD: apuntó a Olmedo López, Sneyder Pinilla e Iván Name
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El caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tuvo un nuevo capítulo frente a los involucrados en el tema.
En medio de las investigaciones judiciales en Colombia, la Fiscalía General incautó propiedades pertenecientes a los salpicados en la red de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El ente judicial aplicó medidas cautelares sobre el patrimonio de Olmedo López, Sneyder Pinilla, junto a los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, reveló el diario El Tiempo.
Juan Felipe Cárdenas, director de Extinción de Dominio de la Fiscalía, anunció oficialmente el procedimiento patrimonial en medio del desarrollo de la causa penal.
Las autoridades buscan extinguir el dominio sobre activos obtenidos presuntamente con dineros desviados del organismo estatal.
Esta intervención simultánea fortalece la estrategia jurídica contra la impunidad en contrataciones públicas dentro del territorio colombiano.
El escándalo de la UNGRD es uno de los mayores casos de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro.
Involucra a Olmedo López, exdirector de la entidad, y a Sneyder Pinilla, su exsubdirector de Manejo de Desastres.
Ambos fueron señalados por direccionar contratos irregulares para la compra de carrotanques destinados a La Guajira.
Según la Fiscalía, esos contratos tuvieron sobrecostos superiores a 16.000 millones de pesos del presupuesto nacional.
El esquema también incluyó contratos de camiones bomberos, adjudicados sin cumplir requisitos técnicos ni legales establecidos.
Las investigaciones judiciales lideradas por los entes de control descubrieron una compleja red criminal articulada desde la cúpula directiva de la entidad estatal.
El entonces director de la entidad, Olmedo López, y su subdirector de manejo de desastres, Sneyder Pinilla, lideraron el desvío sistemático de recursos públicos destinados a emergencias.
Olmedo López habría recibido una coima de 724 millones de pesos por direccionar esos contratos específicos.
Sneyder Pinilla, por su parte, habría recibido cerca de 300 millones de pesos dentro del mismo esquema.
El caso escaló cuando Pinilla confesó haber entregado dinero a congresistas para favorecer reformas del Gobierno.
Según su testimonio, entregó 3.000 millones de pesos a Iván Name, entonces presidente del Senado.
También habría entregado 1.000 millones de pesos a Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara de Representantes.
Ambos exparlamentarios fueron señalados de recibir ese dinero a cambio de facilitar el trámite legislativo de reformas sociales.
El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de Iván Name, valorando las declaraciones de Pinilla como prueba.
Un juzgado de garantías ordenó, desde el 31 de agosto de 2024, reclusión militar para López y Pinilla.
La Procuraduría confirmó después la destitución e inhabilidad por 18 años contra Olmedo López.
Sneyder Pinilla recibió una inhabilidad aún mayor, de 20 años, por los mismos hechos de corrupción.
Ante la contundencia de las pruebas, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría iniciaron severos procesos penales, disciplinarios y fiscales contra los involucrados.
La Fiscalía acusó formalmente a López, Pinilla y otros tres implicados por las irregularidades contractuales detectadas.
Entre los señalados figura también Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, actualmente prófugo de la justicia.
Según la Fiscalía, González habría coordinado el pago de sobornos a los congresistas Name y Calle.
La Corte Suprema de Justicia negó recientemente la libertad solicitada por Iván Name y Andrés Calle.
Pinilla continúa colaborando como testigo ante la Fiscalía y la Corte Suprema en procesos derivados del caso.
De ahí, la Fiscalía ocupó 25 bienes vinculados a seis implicados en el escándalo.
Esas propiedades están avaluadas preliminarmente en cerca de 20.000 millones de pesos colombianos.
Los bienes pertenecerían a López, Pinilla, Name, Calle y al contratista Luis Eduardo López Rosero.
Juan Felipe Cárdenas, director de Extinción de Dominio de la Fiscalía, confirmó oficialmente esta nueva medida patrimonial.
El caso continúa abierto, con procesos penales, disciplinarios y de extinción de dominio avanzando simultáneamente en Colombia en medio de un escándalo que sigue la opinión pública.
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