Alcalde incumplió protección a cementerio y Fiscalía lo investigará; ya lo reprendieron

El alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, está en la mira de la justicia por el posible incumplimiento de las medidas cautelares impuestas sobre el cementerio de los pobres del municipio. 

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La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó una compulsación de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General para que determinen si el mandatario incurrió en el delito de fraude a resolución judicial. 

No obstante, la JEP, entidad a la que el alcalde habría atacado verbalmente,  en una audiencia consideró que el mandatario sí incumplió con los compromisos designados para la protección del cementerio San Martín, conocido como el de los pobres.  Entre las medidas estaba que se estableciera un grupo interdisciplinario para trasladar algunos restos al cementerio Católico Central. 

“La Sección de Ausencia de Reconocimiento advirtió que ni el escrito de reconsideración presentado por el alcalde, ni los documentos allegados con éste dan cuenta de una situación que justifique el incumplimiento de la orden o permitan deducir la imposibilidad de acatar la orden”, consideró la JEP, luego de que el alcalde dijera que lo suplantaron.

Por ese motivo, Robinson Manosalva, tuvo que estar privado de la libertad en las instalaciones de la Policía de Valledupar durante cinco días con motivo a una sanción.

Durante ese tiempo el alcalde también se vio envuelto en una polémica por filtrarse un audio con su aparente voz en el que se trató a los magistrados de guerrilleros. 

Manosalva, por su parte, aseguró que el audio era totalmente falso “al tratarse de un montaje en contra de mi dignidad y honorabilidad como persona, teniendo en cuenta que no es la primera vez que soy víctima de este tipo de estrategias desde la guerra sucia en las redes sociales”.

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El delito

El delito por el que Robinson Manosalva podría ser investigado de fraude a resolución judicial no tiene una alta condena. Según el Código Penal, la pena oscila entre uno a cuatro años de prisión. Además, tiene una multa que oscila entre los cinco a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.