Fiscalía investiga muerte de 15 menores tras bombardeos contra disidencias FARC: ¿qué se esconde tras los operativos?

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación preliminar respecto a los cuatro bombardeos realizados contra las disidencias de las FARC en los últimos meses, durante los cuales, de acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Legal, perdieron la vida 15 menores de edad. Esta diligencia preliminar tiene como objetivo central obtener información que ayude a determinar si las Fuerzas Militares incumplieron acciones y protocolos preestablecidos en el transcurso de estas operaciones militares. La apertura del caso ocurrió tras el reporte oficial de Medicina Legal, que precisó la cantidad de menores fallecidos durante los operativos desplegados entre agosto y octubre en los departamentos de Arauca, Amazonas, Caquetá y Guaviare, todos ordenados por el presidente Gustavo Petro. Es importante destacar que, inicialmente, el presidente había informado que solo 12 menores habían muerto, pero los datos oficiales presentados por Medicina Legal elevaron la cifra a 15.

La investigación de la Fiscalía contempla tres líneas centrales. En primera instancia, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales examina los resultados y decomisos realizados por las Fuerzas Militares en los campamentos de las disidencias de las FARC, atacados o intervenidos en operativos en tierra previos a los bombardeos. Posteriormente, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos evaluará si durante las cuatro operaciones militares se ignoraron directrices y protocolos establecidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), un conjunto de normas cuyo fin es proteger a personas no involucradas directamente en los conflictos armados.

Al mismo tiempo, la Fiscalía pone la atención sobre la responsabilidad de las disidencias de las FARC en el reclutamiento forzado de menores de edad. La Defensoría del Pueblo ha atribuido a este grupo, liderado por alias “Iván Mordisco”, la práctica sistemática de reclutar niños, niñas y adolescentes; solo este año, la entidad ha recibido informes de 162 casos de menores vinculados a este conflicto armado. Estos procesos buscan esclarecer la cadena de responsabilidades y circunstancias que han resultado en la muerte de menores en el marco de operaciones militares.

Esta decisión de la Fiscalía tiene lugar en un escenario donde otras entidades de control han promovido indagaciones similares. La Justicia Penal Militar y Policial inició el pasado 17 de noviembre una investigación sobre el operativo militar del 10 de noviembre en Calamar, Guaviare, y su información será remitida a la Fiscalía. Por su parte, la Procuraduría ha formalizado cinco investigaciones disciplinarias para determinar posibles irregularidades o negligencias durante los bombardeos, y se analiza la actuación de los funcionarios públicos involucrados.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, ha manifestado su preocupación porque hasta ahora no ha recibido informes sobre las evaluaciones previas a las operaciones militares, pese a haber solicitado tales reportes a las autoridades. Como resultado, la Defensora ha pedido al presidente Petro que suspenda los bombardeos, sugiriendo medidas alternativas enfocadas en fortalecer la inteligencia militar y policial, así como la captura de miembros de grupos armados, limitando así el riesgo para menores y otros actores protegidos por el DIH. El presidente Petro, por su parte, ha sostenido que continuará con los bombardeos, argumentando que cesarlos facilitaría la expansión de las disidencias de las FARC, incrementando la inseguridad.

La investigación se desarrolla en un contexto complejo, donde confluyen cuestiones de derechos humanos, la protección de la infancia y los desafíos que enfrenta el Estado colombiano en la lucha contra organizaciones armadas ilegales.

¿Qué consecuencias podría traer la continuación de los bombardeos en zonas con posible presencia de menores?

El debate sobre la permanencia de los bombardeos ordenados por el gobierno en áreas donde existen indicios de la presencia de menores es crucial. La controversia toma fuerza a raíz de los reportes oficiales de muertes infantiles y las crecientes voces de organismos de derechos humanos que piden detener estas prácticas hasta garantizar plenamente la seguridad y protección de los niños involucrados.

La continuidad de los bombardeos no solo implica un riesgo humanitario significativo, sino que también puede acarrear consecuencias legales y políticas para las instituciones ejecutoras. Las investigaciones en curso buscan definir responsabilidades y adoptar medidas para prevenir la repetición de tragedias similares en el futuro, mientras el Estado enfrenta el desafío de combatir estructuras ilegales sin vulnerar los derechos de la población civil más vulnerable.