Fiscalía imputó cargos a exmiembro del Congreso por caso de corrupción dentro del Senado

Tras varios días de investigación, la Fiscalía confirmó que el exjefe de recursos humanos del Senado Rubén Darío Iregui González, habría colaborado con la red que conformó Mario Castaño, pues habría avalado pagos a dos contratistas, que eran parte de una red de corrupción, para realizar unas actividades específicas dentro del Congreso de la República.

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Al parecer, este hombre vinculó al Senado de la República a Daniela Ospina Loaiza y Juan Carlos Martínez, entre marzo y diciembre de 2021, como contratistas para realizar actividades “fantasma” o que nunca se ejecutaron.

Lo más grave, según la Fiscalía, es que estos contratos por prestación de servicios fueron por un valor de 40 millones de pesos y que ambos sujetos, hacían parte de una red de corrupción que contrataba entidades de orden nacional y territorial.

Estas dos personas estuvieron vinculadas al Senado por un periodo de cuatro meses para desarrollar actividades de prevención relacionadas con la pandemia de la covid-19.

Cabe destacar que la que sería la mano derecha de Mario Castaño, Nova Cañón, integrante de la red de corrupción del senador liberal, Mario Castaño, recibió el beneficio de casa por cárcel luego de un acuerdo con la fiscalía general de la Nación.

Hacían seguimiento a los servidores de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), brindaban información de salud pública y apoyar campañas sobre el correcto uso de los elementos de protección.

Por otro lado, el ente investigador también reveló que esa misma red corrupción fue conforma y articulada por el mismo Rubén Darío Iregui, por lo que él mismo decidió ascender el valor de cada contrato a 20 millones de pesos.

El exfuncionario fue imputado por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Así lo confirmó el Director Especializado contra la Corrupción, Eduar Calderón.

“Una fiscal de la dirección especializada en corrupción de Fiscalía, le imputó los cargos al excongresista. Estas dos personas fueron vinculadas al Senado para que trabajaran para hacer estrategias de prevención por la pandemia del Covid-19. En la investigación se determinó que dichas actividades nunca se ejecutaron, pero que los pagos a los contratistas sí se hicieron, hasta subir su valor a cada uno hasta llegar a los 20 millones de pesos”, explicó el fiscal Eduar Calderón.

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Como se mencionaba anteriormente, dichas actividades nunca se realizaron, pero sí quedaron las evidencias de que a los contratistas se le realizaron los pagos, con previa autorización y aval del entonces jefe de recursos humanos del Senado.

Esto por medio de varios correos electrónicos que Rubén Darío, al parecer, había enviado a la división financiera para que fueran desembolsados los 40 millones de pesos en favor de estas personas.