Fiscalía imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva por millonario contrato de pasaportes

Según el ente acusador, Leyva Durán habría expedido múltiples actos administrativos que contravinieron la ley durante el proceso de licitación.

La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la solicitud de audiencia de imputación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.

Según el ente acusador, el exfuncionario habría emitido varios actos administrativos contrarios a la ley en el proceso de licitación para el suministro, personalización y distribución de pasaportes y etiquetas de visa.

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La solicitud de imputación se suma a los antecedentes disciplinarios que ya pesan sobre Leyva. Desde noviembre de 2024, la Procuraduría había confirmado una sanción de destitución e inhabilidad por 10 años en su contra por las irregularidades cometidas al declarar desierta la licitación de pasaportes en 2023.

Según el Ministerio Público, al tomar esa decisión, el entonces canciller desconoció los principios de la contratación estatal. La Procuraduría concluyó que la medida “careció de fundamento legal” y no estuvo orientada a garantizar la selección objetiva.

Aunque Leyva alegó que al proceso solo se presentó un proponente —Thomas Greg & Sons—, el ente de control verificó que la compañía cumplía con todos los requisitos del pliego. Pese a ello, la licitación se declaró fallida, lo que generó un traumatismo en la operación de expedición de los documentos y dejó en evidencia problemas de planeación.

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En su decisión disciplinaria, la Procuraduría señaló que Leyva “desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad”, por lo que calificó la falta como gravísima cometida a título de dolo. También advirtió que, como jefe de la Cancillería, puso en riesgo los derechos de los connacionales y desatendió advertencias técnicas y jurídicas sobre el impacto de frenar la licitación.

La sanción quedó en firme y continúa vigente como antecedente mientras ahora avanza la etapa penal, cuya audiencia será programada por el Tribunal.