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La decisión se tomó por los hallazgos de la investigación denominada 'Robo de Magdalena', en la que se encontró detrimento de más de 74 .000 millones de pesos.
Durante varios meses, la Fiscalía vigiló de cerca los movimientos que hizo el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, quien está en el ojo del huracán por los millonarios contratos que hubo en diferentes administraciones entre 2013 y 2019. La entidad encontró un detrimento patrimonial y le imputará cargos al funcionario, además de pedir detención domiciliaria, según se informó en un comunicado.
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Las irregularidades en los contratos también le caen a sus antecesores, Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga. Se trata de un hallazgo gigantesco y son cinco contratos que tienen que ver con una carretera de la región conocida como ‘La Vía de la Prosperidad’. Además, hay otros dos, no menos graves, que están vinculados a la población infantil, como la entrega de un Centro de Desarrollo, ludotecas, megabibliotecas y hasta un coliseo.
“En ese sentido, se priorizó el caso investigativo denominado ‘Robo de Magdalena’, que permitió obtener suficientes pruebas y evidencias que dan cuenta de que en ese departamento habrían sido orientados de manera ‘caprichosa’, por lo menos, cinco contratos que superaron en valor los $ 457.670′682.703″, señaló la Fiscalía.
Como si fuera poco, a la Gobernación del Magdalena se le encontraron irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura; y sobrecostos o desembolsos injustificados que representan un detrimento de más de 74.000 millones de pesos, de los que se habría favorecido Caicedo.
Los investigadores de la Fiscalía presentarán una robusta documentación de pruebas, transacciones y videos recogidos durante meses con los cuales se pretende justificar la imputación de cargos contra los tres gobernadores mencionados anteriormente.
En el caso del actual gobernador, Carlos Caicedo, la Fiscalía solicitará de forma preventiva una medida de casa por cárcel, ya que en su rol de mandatario en ejercicio podría intervenir en las investigaciones, y afectar los resultados de los procesos judiciales.
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