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Francisco Barbosa indicó que, de aprobarse el proyecto de ley que impulsa el Gobierno, miles de delincuentes se beneficiarían del principio de oportunidad.
Gran revuelo se ha desatado con el proyecto que impulsa el Gobierno Nacional con la Ley de Sometimiento, que busca un acuerdo con grupos criminales para erradicar la violencia del país. Una de las voces que más ha expresado reparos con la iniciativa es la del fiscal general Francisco Barbosa, que es clave para que la propuesta tenga éxito.
(Vea también: Minjusticia, a criminales por nueva ley: “La toman o fuerza pública actuará con todo”)
El jefe del ente acusador habló en rueda de prensa después de estudiar minuciosamente el proyecto de ley que impulsa el Gobierno y explicó los hallazgos que encontró y que le preocupan por el beneficio que esto traería para delincuentes que han cometido delitos de lesa humanidad.
“Podría haber un festín de corrupción en las cárceles para que esas personas salgan por principio de oportunidad asimilándolo a una suerte de indulto y pareciendo esto no un proceso de sometimiento, sino un proceso de paz con narcotraficantes y con herederos de estructuras paramilitares”, expresó.
Además, indicó que la amenaza no es porque salgan los grandes capos, sino los integrantes de esas estructuras que perpetraron tantas atrocidades y sería un número considerable: “Podrían salir de la cárcel de forma directa no los cabecillas, sino todas las personas que están por debajo que hubiesen cometido esos delitos. La preocupación según la revisión de la Fiscalía es que entre 3.500 y 3.600 delincuentes directamente podrían salir de la cárcel, lo que para nosotros es muy grave”.
Video: Revista Semana
Finalmente, Barbosa comentó que este proceso podría convertirse en una especie de mercado para los delincuentes que quieran acogerse: “Por vía de este artículo de no eliminar el concierto para delinquir agravado se desocuparían las cárceles o por lo menos se produciría un comercio de beneficios y de negocios para utilizar la figura del principio de oportunidad que el fiscal tiene que firmar como si fuera un notario”.
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