Fiscal de la Corte Suprema en la mira: acusan a Claudia Vanegas por presunta omisión en caso Gnecco

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha decidido presentar un pliego de cargos contra Claudia Patricia Vanegas Peña, quien se desempeña como fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que calificó como una presunta falta gravísima. Según la información revelada en primicia por EL TIEMPO, la funcionaria habría incumplido su deber al no impulsar la investigación relacionada con el senador José Alfredo Gnecco Zuleta, quien estaba siendo vinculado a señalamientos de pagos de sobornos para favorecer procesos judiciales de un familiar cercano.

El expediente disciplinario que sustenta esta decisión se basa en las declaraciones de Luis Gustavo Moreno Rivera, exjefe anticorrupción, tomadas entre septiembre de 2017 y abril de 2018. Moreno confesó ante investigadores, de acuerdo con lo documentado por EL TIEMPO, haber recibido 150 millones de pesos del propio senador Gnecco. La finalidad de este pago, según las declaraciones, era dilatar y obstaculizar investigaciones que la Corte Suprema de Justicia adelantaba contra Lucas Gnecco Cerchar, exgobernador del Cesar y padre del senador. Lucas Gnecco ya había sido condenado por hechos de corrupción cometidos en ese departamento.

En los testimonios consignados en el proceso, Moreno detalló que la suma entregada fue distribuida de la siguiente manera: la mitad, es decir, 75 millones de pesos, habrían ido a manos de Francisco Ricaurte, exmagistrado de la Corte Suprema, mientras el resto fue utilizado en gastos de oficina y desplazamientos del mismo Ricaurte. Pese a la gravedad de estas revelaciones, la fiscal Vanegas Peña omitió tramitar la compulsa de copias, procedimiento necesario para que la Corte Suprema iniciara una investigación formal contra el senador, una omisión ahora cuestionada por la justicia disciplinaria.

Este episodio surge en un momento clave para José Alfredo Gnecco, quien avanza en su campaña para alcanzar un tercer periodo en el Senado de la República representando al Partido de la U. Su aspiración política se apoya en una estructura familiar fuerte, con influencia tanto en la Gobernación del Cesar como en varias alcaldías municipales, utilizando redes de contratistas y recursos administrativos que sostienen su candidatura.

Simultáneamente, la defensa de Vanegas Peña ha señalado un posible conflicto de intereses por parte de Juan Carlos Granados, magistrado encargado de la decisión disciplinaria. El argumento de la defensa se funda en el pasado de Granados como gobernador de Boyacá, periodo en el que fue mencionado dentro del proceso Odebrecht, caso en el que la fiscal Vanegas tuvo participación en un grupo de tareas especiales. No obstante, el magistrado aclaró a EL TIEMPO que sus investigadores trabajaron como fiscales delegados ante la Corte, y no en el grupo especial del cual Vanegas hacía parte, por lo cual descarta la existencia de impedimento.

Actualmente, mientras se resuelve la situación disciplinaria de la fiscal, continúa en curso la investigación contra el senador en la Corte Suprema de Justicia, reflejando la complejidad y el alto perfil político-judicial que rodea ambos procesos.

¿Qué implica una compulsa de copias dentro de un proceso judicial en Colombia? - El término "compulsa de copias" se refiere a la remisión formal de documentos o evidencia relevante desde una dependencia judicial o fiscal a otra, con el fin de que la autoridad competente investigue hechos que puedan constituir infracciones disciplinarias o penales. En el contexto del caso de Claudia Vanegas Peña, la compulsa de copias era necesaria para que la Corte Suprema de Justicia iniciara una indagación formal contra el senador José Alfredo Gnecco, al tratarse de un aforado constitucional. La ausencia de este trámite impidió en su momento que avanzaran las pesquisas sobre los hechos señalados en los testimonios recibidos por la Fiscalía.

Este procedimiento garantiza que la administración de justicia actúe ante potenciales delitos identificados durante un proceso, posibilitando que se abran investigaciones disciplinarias o penales a partir de elementos documentados en otros expedientes. Así, su omisión puede incidir significativamente en el alcance y rapidez de las investigaciones, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos o aforados.