Fiscal de alto perfil en la mira: investigan a Claudia Vanegas Peña por frenar caso clave contra senador Gnecco

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió un pliego de cargos contra Claudia Patricia Vanegas Peña, fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, por supuestamente cometer una falta gravísima al no avanzar en una investigación clave que involucraba al senador José Alfredo Gnecco Zuleta. Según información exclusiva del diario colombiano EL TIEMPO, Vanegas Peña habría incumplido su responsabilidad de denunciar acusaciones que vinculaban a Gnecco Zuleta con presuntos pagos de sobornos para influir en procesos judiciales relacionados con su familia.

Los fundamentos de la decisión disciplinaria provienen de las declaraciones hechas por Luis Gustavo Moreno Rivera, exjefe anticorrupción, ante las autoridades entre septiembre de 2017 y abril de 2018. EL TIEMPO documenta que Moreno confesó haber recibido 150 millones de pesos directamente de José Alfredo Gnecco, un testimonio que generó atención nacional y que motivó la revisión de los expedientes relacionados.

De acuerdo con el testimonio citado en el pliego de cargos, Moreno relató ante las autoridades que el objetivo del pago era obstaculizar y retardar los procedimientos judiciales que la Corte Suprema de Justicia llevaba en contra de Lucas Gnecco Cerchar, padre del actual senador. Lucas Gnecco, exgobernador del Cesar, fue condenado por corrupción, lo que da especial gravedad a los hechos denunciados. Moreno detalló además que la suma entregada presuntamente por Gnecco Zuleta se distribuyó en partes iguales: la mitad fue destinada al exmagistrado Francisco Ricaurte y el resto se utilizó en gastos relacionados con la oficina y viajes para Ricaurte.

Frente a estos hechos, el accionar de la fiscal Vanegas Peña ha sido fuertemente cuestionado, ya que, pese a conocer la gravedad de las acusaciones, omitió remitir el expediente a la Corte Suprema para que se iniciara una investigación formal en contra del senador, conducta que ahora es objeto de reproche por parte de la justicia disciplinaria.

La coyuntura de este proceso coincide con el actual periodo electoral en el que José Alfredo Gnecco busca asegurar un tercer periodo en el Senado de la República, representando al Partido de la U. El recorrido político del senador ha estado marcado por el apoyo estratégico de su familia, que ostenta un poder considerable en la Gobernación del Cesar y administra diversas alcaldías municipales, lo que a su vez posibilita una extensa red de contratistas y aliados dentro de la región.

En medio de la controversia, la defensa de la fiscal Vanegas Peña ha expresado dudas sobre la imparcialidad del magistrado ponente Juan Carlos Granados, sugiriendo una posible inhabilidad por vínculos previos de la investigada con el grupo especial que abordó el caso Odebrecht, donde Granados figuró durante su periodo como gobernador de Boyacá. No obstante, el magistrado declaró a EL TIEMPO que no se configura impedimento, ya que las personas a su cargo fueron fiscales delegados ante la Corte Suprema y no integrantes del grupo especial al que perteneció Vanegas Peña.

Mientras tanto, el proceso disciplinario contra la fiscal avanza, de la mano de las investigaciones que la Corte Suprema continúa respecto al actuar del senador, en un momento crucial que podría definir su futuro político y el alcance de la lucha contra la corrupción en Colombia.

¿Qué efectos tendría una eventual sanción disciplinaria para la fiscal auxiliar en el desarrollo de investigaciones contra congresistas?

La relevancia de esta pregunta radica en el papel estratégico de los fiscales auxiliares ante altos tribunales como la Corte Suprema de Justicia, especialmente en casos que comprometen a funcionarios con fuero como los congresistas. Una sanción disciplinaria podría impactar la confianza institucional y la efectividad de la justicia, dado que coloca bajo escrutinio el cumplimiento de los deberes legales y éticos de quienes participan en investigaciones de alto perfil.

Así mismo, la situación podría tener un efecto disuasorio sobre otros funcionarios judiciales, generando mayor cautela al tramitar expedientes sensibles. Si se endurecen los controles sobre estos actores, puede derivarse en una justicia más transparente, aunque también existe el riesgo de que se intensifique el temor a represalias o consecuencias legales, lo que podría dificultar el desarrollo de investigaciones complejas contra figuras de alto rango.