El panorama de la salud en Colombia dio un giro drástico este lunes 16 de marzo de 2026. Tras el revés judicial propinado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió el decreto para el traslado de tres millones de afiliados, el presidente Gustavo Petro respondió con una orden contundente: “Todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera”.
El mandatario calificó el fallo como una “política de atranque” y cuestionó que un tribunal regional tumbara una norma de alcance nacional. Según Petro, esta decisión judicial impide la eficiencia del sistema y empuja al abismo financiero a las entidades que ya estaban en la cuerda floja.
A diferencia del resto, la Nueva EPS parece tener un salvavidas asegurado. Al ser el Estado propietario de la mitad de la compañía, Petro aclaró que el Gobierno asumirá las deudas acumuladas desde su fundación. El objetivo es que, mediante el trámite de un CONFIS ante el Ministerio de Hacienda, se formalicen los pagos para que la entidad evite la causal de liquidación y pueda absorber a los usuarios de las EPS que desaparezcan.
(Vea también: Golpe para el Gobierno: tribunal suspendió traslado de 6 millones de usuarios a EPS intervenidas)
Actualmente, el sistema cuenta con ocho entidades intervenidas que suman aproximadamente 23 millones de afiliados, lo que representa casi el 43% de la población colombiana. La orden de liquidación pone en vilo la continuidad de tratamientos y la entrega de medicamentos para millones de personas.
EPS intervenidas y afiliados
- Nueva EPS: 10,8 millones de usuarios
- Famisanar: 2,9 millones de usuarios
- Coosalud: 3,2 millones de usuarios
- Asmet Salud: 1,8 millones de usuarios
- Emssanar: 1,7 millones de usuarios
- Savia Salud: 1,6 millones de usuarios
- Servicio Occidental de Salud: 750.000 usuarios
- Capresoca: 170.000 usuarios
El Gobierno Nacional ya anunció que el próximo 20 de julio radicará nuevamente la reforma a la salud y una reforma tributaria para buscar salidas al modelo actual. Sin embargo, la orden de liquidación inmediata para las que estén en quiebra genera una presión sin precedentes sobre hospitales y clínicas (IPS), que temen que las deudas de las EPS liquidadas nunca sean canceladas.
Por ahora, los usuarios deben estar atentos a los canales oficiales de la Superintendencia de Salud, pues la liquidación de una entidad implica un proceso de transición de afiliados hacia las EPS receptoras que aún permanezcan vigentes en el mercado.