Excavación clandestina reaviva el clamor por justicia y memoria en el caso Movilla en Bogotá

Un año después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictara medidas cautelares en la antigua sede de la Brigada XX del Ejército en Bogotá, la familia del líder social Pedro Julio Movilla, junto con el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), denunció graves irregularidades en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Según el comunicado emitido por estas organizaciones y los familiares, el 3 de febrero de 2025, se llevó a cabo una excavación no autorizada en el predio, actualmente ocupado por la Escuela de Logística y el Batallón de Contrainteligencia del Ejército Nacional.

De acuerdo con la denuncia, la intervención ilegal ocurrió en un sitio específicamente identificado por la JEP como posible lugar de inhumación de restos humanos. Esta acción, realizada sin autorización judicial, implicó la violación de las medidas cautelares emitidas por el tribunal especial. El hallazgo de rastros de sangre humana en uno de los elementos recuperados fue confirmado por el Instituto de Medicina Legal, reforzando la hipótesis de que la excavación pudo haber tenido el propósito de eliminar pruebas y restos biológicos clave para la investigación.

La familia de Movilla y los colectivos exigieron al Estado colombiano garantías inmediatas para proteger la integridad del predio. Entre sus demandas se incluye la custodia efectiva del lugar de búsqueda, evitando cualquier intervención externa, ya sea militar o civil, que ponga en peligro la conservación de posibles evidencias y restos humanos. Así mismo, solicitaron acciones urgentes frente a la violación de las medidas judiciales impuestas.

La condena al Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada el 22 de junio de 2022, ya había señalado la responsabilidad internacional por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla y ordenado no solo la búsqueda continua, sino la protección integral de los sitios de interés forense relacionados con su caso. Frente al reciente incumplimiento, las organizaciones solicitan la declaratoria de Espacio de Memoria, con el fin de reconocer oficialmente el valor histórico y forense de ese lugar para la reparación de las víctimas.

El caso de Pedro Julio Movilla, dirigente sindical desaparecido desde el 13 de mayo de 1993, ha sido documentado ampliamente. Según testimonios, Movilla fue visto por última vez cuando dejaba a su hija en el colegio Jhon F. Kennedy y, a partir de ese momento, no se supo más de él. Declaraciones de exintegrantes del Ejército Nacional, como José Leonairo Dorado ante la JEP, indicaron que Movilla habría sido torturado y asesinado en las instalaciones de la Brigada XX, unidad señalada históricamente en informes y denuncias por su participación en graves violaciones a los derechos humanos.

La persistencia de la familia y de las organizaciones sociales sigue siendo clave en la búsqueda de justicia y verdad. La preservación rigurosa de los lugares donde podrían estar los restos de personas desaparecidas no es únicamente un mandato judicial, sino también un derecho fundamental de los familiares, quienes esperan respuestas ante una deuda histórica del Estado colombiano.

¿Qué representa una “declaratoria de Espacio de Memoria” y por qué es importante en casos de desaparición forzada?
En el contexto de las investigaciones y la búsqueda de personas desaparecidas, una declaratoria de Espacio de Memoria implica que un sitio adquiere un reconocimiento oficial como lugar de relevancia histórica y forense. Esto significa que el espacio queda protegido y se convierte en un símbolo de la lucha por la verdad y la memoria de las víctimas, asegurando que las pruebas vinculadas a delitos graves sean resguardadas y que las historias de quienes fueron víctimas de la desaparición forzada no caigan en el olvido.
La importancia de dicha declaratoria radica en que refuerza el compromiso estatal con la reparación integral y la garantía de no repetición. Además, brinda a los familiares de las víctimas y a la sociedad un lugar donde dignificar la memoria, exigir justicia y contribuir a una comprensión colectiva de los impactos de la violencia.