De las leyes ancestrales al liderazgo jurídico: así se forjó la identidad legal de Valledupar y Colombia

La trayectoria jurídica de Colombia, reflejada de manera significativa en la historia de Valledupar, es el resultado de una compleja evolución que inicia desde un ordenamiento normativo ancestral hasta la consolidación de instituciones y saberes legales contemporáneos. Inicialmente, antes de la llegada de los europeos en 1492, los pueblos indígenas del Caribe colombiano regían sus vidas mediante normas consuetudinarias. Estas reglas no escritas, transmitidas de generación en generación y ancladas en la cohesión comunitaria y el respeto por la tierra, encontraban su legitimidad en la autoridad moral de los caciques. Con la conquista española, este entramado fue desplazado: en 1503 empezó a desarrollarse la Legislación de Indias, un corpus jurídico que normó la vida de los nuevos territorios bajo el poder de la Corona, según relata el análisis publicado.

En el territorio que corresponde al actual Valledupar, fundado hace 476 años, el derecho indiano fue la referencia obligada. Disposiciones como las Leyes de Burgos (1512) y las Leyes Nuevas (1542) intentaron moderar los abusos coloniales y reconocer derechos básicos para los indígenas, aun cuando sus efectos prácticos resultaron limitados. El proceso culminó formalmente con la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, promulgada en 1680 a instancia del rey Carlos II. Este compendio organizó más de 6.400 leyes y reguló ámbitos tan amplios como el trabajo, la función pública y la administración militar. Su principal legado fue consolidar la cultura de la norma escrita como guía de la vida social, aplicada e interpretada por autoridades específicas, y con la pretensión de alcanzar justicia.

Tras la independencia, la nueva república asumió buena parte de este derecho español, que venía nutrido por profundas raíces grecorromanas. Aunque Simón Bolívar impulsó en 1829 un novedoso Código Civil inspirado en el modelo francés, la inestabilidad política de entonces impidió su consolidación. Décadas más tarde, la influencia determinaría la adopción del Código Civil redactado por Andrés Bello en Chile, que Colombia oficializó en 1876 tras una transición progresiva desde 1858. Este texto, con más de 2.500 artículos, continúa hoy siendo la base del derecho civil colombiano, según destaca el estudio jurídico citado.

El siglo XIX trajo consigo un giro humanista relevante en la legislación colombiana. En 1873 se promulgó un Código Penal avanzado para su época: eliminó la pena de muerte para delitos políticos y luego para delitos comunes, disminuyó penas privativas de libertad y suprimió castigos degradantes como la “vergüenza pública”. Este proceso legislativo demostró una transición hacia el respeto por la dignidad humana y la reforma del poder punitivo estatal. Aunque hubo regresos parciales a legislaciones anteriores, el precedente liberal del XIX marcó la senda de reformas posteriores en materia penal.

En el ámbito local, la creación de la Universidad Popular del Cesar en 1976 y la posterior llegada de la Universidad Antonio Nariño en 1995 fortalecieron la formación jurídica en Valledupar. Con ellas, la ciudad logró consolidar una producción propia de juristas y profesionales capaces de incidir en distintos frentes sociales, desde la administración pública hasta la defensa de derechos ciudadanos. La apertura de consultorios jurídicos universitarios, impulsada tanto por la UPC como por la Universidad de Santander (UDES), ha permitido acercar la justicia a sectores vulnerables, abordar casos de violencia intrafamiliar y promover resoluciones alternativas de conflictos.

El compromiso reciente de los estudiantes y profesionales de Valledupar quedó plasmado en acciones populares promovidas en 2024 por la Defensoría del Pueblo, las cuales derivaron en sentencias favorables a la protección del medio ambiente y servicios públicos. Asimismo, el liderazgo regional en litigios de restitución de tierras ha conferido una nueva dimensión a la función jurídica local, enfocada en la defensa de la memoria y la reparación social. Finalmente, la celebración del Congreso Nacional de Gerentes Jurídicos en 2025 confirmó el papel de Valledupar como referencia académica en el Caribe, destacando su capacidad de debate y propuesta en la esfera legal.

¿Por qué ha sido tan importante el Código Civil de Bello para el derecho colombiano?

El Código Civil de Andrés Bello, oficializado en Colombia en 1876, se convirtió en una estructura sólida para organizar la vida jurídica y civil del país. Decenas de generaciones de juristas han fundamentado su trabajo en este texto, que sintetizó una visión moderna y sistemática de derechos y obligaciones. Su influencia no solo supuso continuidad con la tradición ilustrada, sino también la posibilidad de incorporar principios de dignidad y racionalidad al sistema normativo.

La relevancia de este código reside, en parte, en que logró un equilibrio entre los valores históricos del derecho español y los ideales republicanos. Esta dualidad permitió que la legislación colombiana se adaptara a los cambios sociales, consolidando principios fundamentales como la autonomía de la voluntad y la igualdad jurídica frente a la ley, bases sobre las que se sigue construyendo la justicia en Colombia.