Gobierno presenta borrador del Estatuto Antiterrorista en Colombia con propuesta de lista nacional de organizaciones y actores

El gobierno ha presentado el borrador de lo que denomina "Estatuto Antiterrorista", un proyecto que ya genera amplio debate por sus propuestas, entre ellas la creación de un Registro (lista) Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas y la instauración de un Alto Comisionado contra el Terrorismo. Aunque formalmente este estatuto se inserta en normas de seguridad y defensa, el uso de los términos "terrorismo" y "antiterrorismo" tiene profundas implicaciones políticas e ideológicas, de acuerdo con los análisis recogidos en el artículo. Es importante señalar que ni siquiera las Naciones Unidas han logrado establecer una definición única para terrorismo, lo que deja espacio para interpretaciones según los intereses de turno.

Uno de los puntos más sensibles del borrador es la facultad del gobierno de incluir en esta lista nacional, sin intervención de órganos externos, a personas jurídicas o naturales, equiparando el procedimiento a las listas OFAC o Clinton de Estados Unidos, según información del documento reseñado. La experiencia histórica en Colombia, como ocurrió durante la época de la llamada seguridad democrática, indica que iniciativas similares llevaron a graves estigmatizaciones y violaciones de derechos de líderes sociales, opositores y periodistas. Esto plantea el riesgo de que el registro pueda emplearse como herramienta política para reprimir o disuadir voces críticas, especialmente si no existen controles ni contrapesos reales.

El proyecto además plantea otorgar amplias facultades extraordinarias al presidente durante seis meses, para reglamentar el funcionamiento del Alto Comisionado contra el Terrorismo, lo que sería un peligro para la democracia, pues permitiría acciones rápidas y sin revisión judicial. También destaca la creación de una "instancia técnica" que, subordinada al ejecutivo, seleccionaría los nombres incluidos en la lista, sin independencia ni garantía del debido proceso, una condición que podría resultar violatoria de la Constitución.

Otro aspecto es la posibilidad de que la mera inclusión en la lista implique sanciones inmediatas y gravosas, como la cancelación de cuentas bancarias y la imposibilidad de realizar actividades económicas, sin que las personas puedan controvertir pruebas o acceder al debido proceso judicial. El documento advierte que esto equivaldría a una condena sin garantías legales, afectando derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Además, el estatuto propone que la lista nacional se articule con registros internacionales, sugiriendo que quien ingrese a la lista colombiana podría enfrentar sanciones en Estados Unidos, países de Europa o Medio Oriente, en una persecución política global, según las fuentes consultadas para el texto. Por último, el articulado busca criminalizar ciertas prácticas de protesta social, equiparando actos de contención civil con delitos tan graves como el secuestro, y recurre al aumento de penas como medida de control que, según expertos citados, funciona más para conmover a la opinión pública que como verdadera disuasión contra el delito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias jurídicas y políticas tendría el Estatuto Antiterrorista propuesto en Colombia?

De acuerdo con el análisis presentado, el estatuto podría provocar violaciones graves a derechos fundamentales, ya que permite sanciones administrativas equiparables a condenas judiciales, excluyendo el debido proceso. También existe el riesgo de que se utilice para perseguir políticamente a opositores y críticos, profundizando la polarización y debilitando garantías constitucionales. La articulación con listas internacionales refuerza el alcance global de estas consecuencias.

¿Por qué la creación de una lista nacional de terroristas en Colombia genera preocupación por la vulneración de derechos?

El documento subraya que la ausencia de controles judiciales, la discrecionalidad política del Gobierno y el impacto inmediato de ser incluido en la lista —como la eliminación de cuentas bancarias y la restricción de derechos civiles y económicos— pueden convertir este mecanismo en un instrumento de persecución y estigmatización, sin garantía de defensa ni respeto por la presunción de inocencia.