Gobierno de Colombia presenta proyecto de estatuto antiterrorista con nuevas facultades para regular seguridad y criptoactivos

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó un ambicioso proyecto de estatuto antiterrorista, resultado de la labor coordinada durante dos meses de los ministros del Interior, Defensa y Justicia. Como anticipó El Espectador y recogió Caracol Radio, este documento de 116 páginas busca entregar al primer mandatario facultades extraordinarias, con el fin de regular temas específicos en materia de seguridad nacional y proceder a la tipificación de nuevos delitos relacionados con el terrorismo.

El núcleo de esta propuesta consiste en permitir la aplicación del derecho internacional humanitario (DIH) —cuerpo normativo que regula el uso de la fuerza en contextos de conflicto armado— a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Para ello, el Consejo Nacional de Seguridad definirá un listado oficial de grupos y personas consideradas terroristas. Se plantea, además, la creación de un Alto Comisionado contra el Terrorismo, quien dependerá directamente del Departamento Administrativo de la Presidencia y será nombrado por el presidente para un período no renovable de cinco años. Esta figura tendrá que rendir cuentas ante el Congreso, pero estará bajo la dirección del jefe de Estado.

Entre las funciones especiales incluidas en el proyecto, destaca la posibilidad de que el Ejecutivo pueda usar la fuerza armada —incluido el bombardeo— contra estructuras clasificadas como terroristas, una medida que hasta ahora solo se aplicaba contra grupos armados organizados. De igual forma, se plantea la acción de aprehensión preventiva abreviada, con la cual el Estado podría tomar posesión expedita de bienes vinculados a estas organizaciones, bajo control de la Fiscalía y con reglamentación presidencial dentro de un plazo de seis meses.

Otro punto crucial es el control sobre los criptoactivos, ya que tanto individuos como empresas que trabajen con estos activos deberán obtener licencias, mecanismo cuya regulación estará en manos del Ejecutivo. El estatuto también propone medidas que facilitan la cooperación internacional, como acuerdos con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, habilitando sanciones financieras contra personas y organizaciones incluidas en listas como la “lista Clinton”.

El proyecto introduce la posibilidad de imponer controles judiciales individuales a quienes, según evidencia de la Fiscalía, sean miembros o colaboradores de organizaciones terroristas, incluso antes de un proceso formal de imputación. Además, contempla la suspensión inmediata de personerías jurídicas y contratos estatales de entidades que sirvan como fachada para financiar el terrorismo.

En suma, con medidas que abarcan desde endurecimiento de penas hasta regímenes carcelarios más estrictos y el principio de extraterritorialidad, la iniciativa aspira a estar vigente antes de finalizar 2026. De acuerdo con El Espectador, la discusión y el futuro de este estatuto dependerán del trámite en el Congreso y la habilidad negociadora del Ejecutivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funciones tendría el Alto Comisionado contra el Terrorismo en Colombia?

El Alto Comisionado contra el Terrorismo dependería del Departamento Administrativo de la Presidencia y sería responsable de liderar la estrategia para enfrentar las organizaciones terroristas señaladas por el Estado. Además, debería rendir informes al Congreso sobre sus actividades y brindar apoyo directo al presidente en la aplicación del estatuto antiterrorista, garantizando que todas sus acciones estén alineadas con el Ejecutivo, según información tomada de El Espectador.

¿Cómo afectaría el estatuto antiterrorista el manejo de criptoactivos en Colombia?

La propuesta dispone que toda persona o empresa que opere con criptoactivos debe contar con licencias otorgadas bajo la regulación que elabore el Ejecutivo. Esta medida fue incluida para reforzar el control y la trazabilidad de fondos potencialmente relacionados con organizaciones terroristas y su financiamiento, de acuerdo con lo detallado en los documentos revisados por El Espectador.