“Lista De la Espriella”: detalles del estatuto antiterrorista que presentará el Gobierno para frenar a grupos armados

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El proyecto crea un registro de organizaciones terroristas, un alto comisionado, nuevas penas y facultades para el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una ofensiva contra las organizaciones que sean consideradas terroristas. Según Caracol Radio, el Ejecutivo presentará ante el Congreso el Estatuto Antiterrorista, una iniciativa que incluye nuevas herramientas para combatir a estos grupos y que deberá pasar por las comisiones primeras antes de su eventual aprobación.

Uno de los puntos que más llama la atención es la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, una especie de listado que el proyecto compara con la “lista Clinton” y con la designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras de Estados Unidos.

Una Instancia Técnica del Consejo de Seguridad Nacional tendría a su cargo la elaboración de los expedientes, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional decidiría la inclusión definitiva mediante un acto administrativo. En esa instancia participarían delegados de varias entidades, entre ellas los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, la Fiscalía y la UIAF.

La aparición en el registro tendría consecuencias económicas y administrativas. Entre ellas estaría el congelamiento de fondos, activos y recursos bancarios, además de la imposibilidad de contratar con el Estado o recibir subsidios, beneficios, programas y recursos públicos.

El proyecto también establece un mecanismo para solicitar la salida del listado. La petición podría presentarse en cualquier momento y tendría que ser resuelta en un plazo de 90 días por el Consejo de Seguridad Nacional. Si la respuesta fuera negativa, el caso podría llegar al Consejo de Estado.

Una lista, más penas y un alto comisionado: las claves del plan de De la Espriella

Otro de los cambios destacados es la creación del cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, adscrito al DAPRE. El funcionario sería escogido directamente por el presidente para un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección. Además, el mandatario tendría facultades extraordinarias durante seis meses para reglamentar esa nueva oficina.

En materia penal, el Estatuto Antiterrorista contempla nuevos delitos y aumentos de penas para conductas relacionadas con terrorismo, minería ilegal, narcotráfico, extorsión, secuestro, contrabando, trata de personas, delitos informáticos y ataques contra infraestructura crítica, entre otras.

La iniciativa también plantea un régimen penitenciario especial para los cabecillas. Este incluiría pabellones exclusivos, restricciones de comunicaciones y visitas limitadas a familiares en primer grado, además de inhibición de señales de telecomunicaciones.

Finalmente, el proyecto contempla beneficios para integrantes de organizaciones incluidas en el registro que entreguen información útil para desarticularlas. La reducción podría alcanzar el 60 % de la pena cuando la colaboración sea efectiva y ocurra antes de la acusación formal.