Quiénes son los gestores de paz del Gobierno Petro que se fugaron; De la Espriella tomó medida

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El gobierno de Abelardo De La Espriella sepultó la Paz Total, derogando las mesas de diálogo y reactivando órdenes de captura vigentes.

En un giro drástico en la política de seguridad y defensa nacional, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella firmó cuatro resoluciones que ponen fin de manera formal a las mesas de diálogo de paz heredadas de la administración anterior. La decisión sepulta la denominada “Paz Total”, cancelando los espacios de negociación con estructuras armadas como el Ejército Bolivariano, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio —con frentes como el Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Raúl Reyes— y la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Las resoluciones argumentan que estas organizaciones criminales incumplieron de manera sistemática los acuerdos pactados, demostrando una absoluta falta de voluntad de paz o de reincorporación a la vida civil. Con esta medida, los negociadores que habían sido acreditados durante el mandato de Gustavo Petro pierden sus funciones y beneficios legales, reactivándose de forma inmediata las órdenes de captura en su contra para ser procesados como delincuentes comunes. Asimismo, el Ejecutivo ratificó que la única salida contemplada bajo esta nueva administración es el sometimiento estricto a la justicia ordinaria colombiana, sin concesiones extraordinarias más allá del marco legal.

Esta ofensiva contra los remanentes de negociación estuvo precedida por la reactivación de las extradiciones de cabecillas como ‘Araña’, ‘Mocho Olmedo’ y ‘Muñeca’, cuyos trámites habían quedado congelados bajo la premisa de gestos de buena voluntad que nunca cristalizaron en el desarme efectivo de las estructuras. El Ejecutivo respaldó su determinación en contundentes cifras del informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) titulado ‘El costo de negociar mal’, publicado en agosto de 2026. El estudio revela que, entre diciembre de 2022 y julio de 2026, el número de integrantes de los grupos armados organizados aumentó un alarmante 90 por ciento, pasando de 15.120 a 28.802 miembros, con incrementos drásticos liderados por el Clan del Golfo (152 %) y las disidencias de las FARC.

A este panorama de incumplimientos institucionales se suma el escándalo por el paradero desconocido de varios exguerrilleros y criminales que fueron excarcelados y designados como “gestores de paz” por la administración pasada. Entre los casos más sonados figura el de Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias ‘Mono Clinton’, condenado a 40 años por secuestro, quien abandonó su sitio de residencia en Medellín y cuyo rastro se perdió hace dos meses. Similar situación atraviesan Violeta Arango Ramírez, alias ‘Violeta’, procesada por el atentado al Centro Comercial Andino, y Jairo Arrigui Guenis, alias ‘Antonio’, del Frente de Guerra Oriental, de quienes las autoridades tampoco tienen ubicación confirmada tras recibir beneficios de libertad.

Como consecuencia directa de este cambio radical en la directriz del Estado, la Oficina del Comisionado de Paz dejará de existir, marcando el cierre definitivo de un modelo de gestión que, según el actual Gobierno, solo sirvió para expandir el control territorial de las organizaciones criminales en las regiones.