Gestión de De la Espriella para atender el terremoto: expidió 26 decretos en sus primeros 100 días

El Gobierno declaró el desastre nacional un día después del sismo y la emergencia económica nueve días más tarde; además, estructuró un plan de recuperación.

La atención del terremoto del 10 de agosto de 2026 se convirtió en uno de los principales desafíos de los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella. El movimiento sísmico, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar (Chocó), dejó un balance de 335 personas fallecidas, 4.238 heridas y 778.281 afectadas, según las cifras recopiladas en el Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE Nacional) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El reporte identifica a Medicina Legal como fuente de los fallecimientos, al sector salud para los heridos y al Registro Único de Damnificados (RUD) para las personas afectadas.

(Vea también: Fondo Milagro y las preguntas sobre la reconstrucción que enfrenta el Gobierno De la Espriella en primeros 100 días)

El reciente informe de Dapper recuerda que la primera decisión del Ejecutivo llegó el 11 de agosto, un día después del terremoto y cinco días después de la posesión presidencial. Mediante el Decreto 1171, el Gobierno declaró la situación de desastre de carácter nacional, con el propósito de activar los mecanismos contemplados en la Ley 1523 de 2012.

Posteriormente, el 19 de agosto —cuando completaba 13 días en el poder—, expidió el Decreto 1261, con el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días. Esta figura, diferente a la declaratoria de desastre nacional, habilitó al presidente para expedir decretos legislativos con fuerza de ley y adoptar medidas extraordinarias frente a las consecuencias del terremoto. La medida fue modificada mediante el Decreto 1348 del 31 de agosto.

En total, recuerda el informe de Dapper, el Ejecutivo expidió 26 decretos legislativos en dos paquetes: 11 el 9 de septiembre y otros 15 el 17 de septiembre. Las disposiciones abordaron asuntos de financiación, vivienda, empleo, empresas, educación, salud, transporte, infraestructura y contratación estatal.

Entre las decisiones estuvo la creación del Fondo Milagro, mediante el Decreto 1379, como instrumento para canalizar recursos destinados a la atención y recuperación de las zonas afectadas.

Gobierno presupuestó 516.389 millones  de pesos para responder a la emergencia

La respuesta inmediata quedó organizada mediante el Plan para la Respuesta a Emergencias (PRE), que contempló 49 actividades: 32 servicios básicos de respuesta y 17 funciones de soporte. Para ese conjunto de acciones se estableció un presupuesto de 516.389 millones de pesos, con financiación de la Nación.

La mayor parte de ese presupuesto se concentró en alojamientos temporales, que representaron el 70,7 %. Esta línea incluyó el apoyo económico de vivienda para 126.683 familias.

El subsidio contempló tres meses de asistencia por hogar, con un monto equivalente al 45 % o 60 % del salario mínimo, dependiendo de la categoría del municipio, y un límite de 3.151.629 pesos por familia, según la Resolución 0765 del 26 de agosto.

Las otras dos líneas con mayor participación fueron salud, con el 18,7 %, y accesibilidad y transporte, con el 7,6 %.

En cuanto a la ejecución reportada por la UNGRD, esta alcanzó $43.628 millones. De ese monto, $42.754 millones correspondieron al primer mes del apoyo económico de vivienda.

El balance operativo también incluyó el rescate de 364 personas, la distribución de 6.429 toneladas de ayuda humanitaria y 121 horas de puente aéreo, mediante el cual fueron trasladadas 1.545 personas.

Plan de recuperación hasta 2030 contempla $58,29 billones

Además de la respuesta inmediata, el Gobierno estructuró el Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE Nacional), con un horizonte hasta 2030 y una programación indicativa de $58,29 billones.

El documento contempla una fase de rehabilitación y transición, seis líneas de intervención y líneas transversales. Los mayores componentes corresponden a servicios sociales y vivienda y hábitat.

En la distribución territorial, Valle del Cauca concentra la mayor programación, con $20,43 billones, seguido de Risaralda, con $8,50 billones; Chocó, con $6,17 billones; Quindío, con $5,81 billones, y Antioquia, con $4,91 billones.

La financiación del plan es uno de los asuntos pendientes de la recuperación. El informe de Dapper registra $8,22 billones en fuentes identificadas del Estado, organismos multilaterales, otros aportantes, sector privado y gremios. Al sumar $6,82 billones de recursos propios de las entidades territoriales, el total llega a $15,04 billones.

Entre los instrumentos previstos para conseguir recursos también figuran un crédito contingente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por $624.656 millones y una iniciativa legislativa que propone adicionar $2,7 billones al Fondo Milagro.

Así, durante sus primeros 100 días, la administración de De la Espriella declaró la situación de desastre, activó facultades extraordinarias para adoptar medidas frente a la emergencia, organizó la respuesta inmediata y estructuró un plan de recuperación que se extenderá hasta 2030. La ejecución de ese programa y la consolidación de sus fuentes de financiación serán parte de los asuntos centrales de la siguiente etapa.