Escoltas de la UNP fueron asaltados por grupo ilegal; les quitaron las armas de dotación

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Los hechos ocurrieron en la vereda Tres Quebradas, municipio de Santander de Quilichao y a las víctimas les advirtieron no regresar a esa zona. 

Una nueva acción que involucra a un grupo armado al margen de la ley se registró en las últimas horas, luego que escoltas que se movilizaban en una camioneta fueran interceptados y despojados de su armamento en el norte del departamento del Cauca.

Los hechos ocurrieron en la vereda Tres Quebradas, municipio de Santander de Quilichao, por donde se movilizaban dos hombres de la Unidad Nacional de Protección, UNP. 

(Lea también: Militares tendrán que devolver medallas que ganaron en operativos donde hubo falsos positivos)

En su recorrido, fueron abordados por sujetos armados con fusiles, que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y que obligaron a los ocupantes a descender del automotor para realizar una requisa.

A los escoltas les quitaron las armas de dotación y les advirtieron no regresar a esa zona.

Información de las autoridades indica que el esquema de seguridad pertenece a líderes reincorporados y que en el momento del asalto se desplazaba a recoger a una de las beneficiarias, secretaria de una cooperativa.

De acuerdo a organismos judiciales, en la zona donde se presentó el caso hacen presencia disidencias de las Farc, estructuras Dagoberto Ramos Ortiz y Jaime Martínez. 

(Vea también: Confrontaciones entre grupos armados en el Cauca causan terror entre la población civil)

“Lo ocurrido es una nueva afrenta al proceso de reincorporación y al proceso de paz por parte de las disidencias de las Farc. La Administración Municipal y la Agencia de Reincorporación, han desarrollado proyectos para apoyar este proceso, especialmente en la zona rural, en veredas como Mandivá, La Agustina y San Isidro; fue una de estas cooperativas la que recibió el ataque”, aseveró Iván Carvajal, asesor de Seguridad de Santander de Quilichao.

El funcionario lamentó este tipo de acciones contra personas que están comprometidas con el proceso y que son objeto de una “revictimización”.

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