EPS Sanitas mandó mensaje a afiliados en Bogotá por lo que pasó con sus servicios

Alegando deudas superiores a 2 billones de pesos con las IPS, incumplimientos de liquidez y reservas técnicas y aumento en las reclamaciones de usuarios (185 634 quejas en 2023, con una tasa muy superior al promedio nacional), entre otras razones, la EPS Sanitas fue intervenida en abril de 2024. Las dudas sobre los alcances de esta intervención estuvieron desde el primer momento, pues los mismos dueños expresaron su preocupación por una posible expropiación de la entidad por parte del Gobierno.

Y aunque las decisión del Gobierno sobre las EPS han provocado cambios en la prestación de algunos servicios y, en especial, la entrega de muchos medicamentos a los ciudadanos, desde Sanitas entregaron cuáles han sido los avances más significativos para los afiliados que están en Bogotá y 23 municipios de Cundinamarca.

Esto sucedió en la rendición de cuentas que corresponde a la vigencia de 2024. Allí, Sanitas informó que “la Regional Bogotá intensificó las acciones de seguimiento a la red prestadora de servicios de salud mediante un programa integral que permitió optimizar los procesos de asignación de citas y mejorar los tiempos de respuesta. Este esfuerzo se focalizó especialmente en 11 instituciones prestadoras de salud (IPS) priorizadas por volumen y criticidad”.

(Vea también: Alertan a afiliados de Sanitas, Famisanar y 7 EPS más: habrá cambio en procedimiento clave)

Si bien aún hay muchas zonas en las que los afiliados a Sanitas hacen largas filas para reclamar medicamentos, la solicitud de las citas ha mejorado en varios puntos de la ciudad y de varios municipios de Cundinamarca. “Se evidenció un incremento de 5 puntos en el nivel de satisfacción de los afiliados, así como un aumento de 2 puntos en el indicador de recomendación del servicio. Este comportamiento positivo también se vio reflejado a nivel local: municipios como Chía reportaron una satisfacción del 85 %, Fusagasugá alcanzó el 93 % y Bogotá presentó una mejora al pasar del 77 % en 2023 al 79 % en 2024”, explicaron desde Sanitas.

Sin embargo, un hecho que no deja de llamar la atención es que Sanitas informa que “uno de los hitos relevantes fue el crecimiento en la preferencia del Plan Premium, que reportó un aumento del 16,4 %, sumando 11.407 nuevos afiliados, lo que representa 1.609 personas más en comparación con 2023”.

Esto, lo que significa es que cada vez más personas ven como una opción pagar un costo adicional para obtener mejores servicios de salud, lo que va en contravía de lo que quiere el presidente Gustavo Petro, que constantemente promueve que la intervención del Gobierno debe garantizar que las personas tengan un buen acceso a la salud al menor costo posible.

En qué va la intervención a EPS Sanitas

Con más de 5 millones de usuarios en Colombia, la EPS Sanitas es una de las más grandes del país. La intervención fue una medida administrativa, no de liquidación, pues la infraestructura que ha logrado en sus más de 20 años de funcionamiento la hace una de las más importantes y pilar fundamental del sistema de salud en el centro del país.

Sin embargo, la medida de intervención implicó la remoción de la junta directiva y la administración, y el nombramiento de un interventor con el fin de garantizar la continuidad en la atención médica. Aunque el Gobierno aseguró que los servicios no se verían afectados, usuarios y expertos reportaron deterioro en la calidad de la atención tras la intervención.

En abril de 2025, la Supersalud prorrogó la medida por un año más, argumentando que persistían los problemas financieros. La deuda con prestadores de servicios de salud aún superaba los 1,3 billones de pesos, con altos niveles de morosidad.

Los propietarios de Sanitas, el grupo español Keralty, rechazaron la intervención calificándola de arbitraria y discriminatoria. En enero de 2025, presentaron una demanda internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), exigiendo una indemnización de 1.200 millones de dólares por considerar que el Gobierno colombiano violó el tratado bilateral de inversión entre Colombia y España.

El caso ha desatado un intenso debate político y jurídico en el país. Mientras el Gobierno defiende la intervención como una medida para proteger a los usuarios, sectores empresariales y políticos opositores la ven como una maniobra alineada con la reforma a la salud promovida por el presidente Gustavo Petro. La situación sigue en desarrollo, sin una salida clara a corto plazo.