En peligro, la educación de estudiantes sordos en La Jagua y Codazzi, Cesar

En la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, hay 8 personas con discapacidad auditiva que a cuatro meses de haber iniciado el calendario escolar no han recibido sus cátedras en condición de igualdad, según contaron a EL PILÓN, puesto que no cuentan con docente bilingüe y bicultural, modelo lingüístico e intérprete de lengua de señas colombianas.  

Yesica Padilla Baena, madre de un niño de 13 años, dijo que han protestado “por el derecho que tienen (los estudiantes) a contar con profesores competentes para su discapacidad”. Entre los afectados hay alumnos de primaria, secundaria y jornada nocturna.

Agustín Codazzi

Por su parte, María Argenis Plata, madre de una joven sorda y ciega que estudia en el colegio Francisco de Paula Santander junto a otras 8 escolares, manifestó que su hija no ha asistido al colegio este año por la falta de docentes, que en su caso es necesario un profesional mediador cuya función sea explicar y  acompañar en el proceso educativo. 

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“Ella no ha asistido en ningún momento al colegio, ni cuando las clases eran virtuales, porque no hay profesores de educación especial”. Plata agregó que el año pasado el maestro pertinente llegó en el mes de diciembre, “cuando ya se iba a acabar el año”, recordó.

Por esta razón, la acudiente pidió que los maestros fueran contratados de manera oportuna y por el tiempo que corresponde al calendario académico de las citadas instituciones.

Así las cosas, esta casa editorial intentó comunicarse con Orlando Ariza, personero de Agustín Codazzi, para conocer su perspectiva sobre el particular, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

La Secretaría de Educación

A inicios de mayo se instauró una tutela ante un juez  municipal de La Jagua de Ibirico contra la Secretaría de Educación del departamento del Cesar, por lo que EL PILÓN contactó a la jefe de la cartera, Pamela García, y la funcionaria aseveró que formularon un proyecto para apoyar a esta población, pero que “la Gobernación del Cesar está obligada a cumplir los fines de la contratación y vigilar su correcta ejecución”, por lo que aún faltan algunos certificados y procesos para concretar a los prestadores de este servicio.

Al respecto del presunto retraso y la denuncia, García indicó: “Al juez de primera instancia se le indicó que en los años anteriores el proceso de contratación se hacía de manera directa, toda vez que el IDREEC es una entidad idónea, sin embargo, por Ley de Garantías, la contratación directa está prohibida”.

POR ANDREA GUERRA / EL PILÓN. 

@andreaguerraperiodista 

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