Empezó cambio en el uso de perros como celadores: vigilantes deberán hacer otro curso

Desde ahora, los trabajadores deben certificarse como técnicos o auxiliares de veterinaria y el costo de los cursos los debe asumir la empresa.

La entrada en vigencia de la Ley 2454 de 2025 marca un punto de inflexión en la seguridad privada en Colombia, al establecer nuevas reglas para el uso de perros en labores de vigilancia y elevar los estándares de formación del personal que trabaja con caninos.

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La normativa, sancionada el 14 de abril de 2025, obliga a los vigilantes que actualmente desempeñan funciones junto a perros a certificarse como técnicos o auxiliares en veterinaria. Para cumplir con este requisito, los trabajadores dispondrán de un plazo máximo de un año, durante el cual deberán adquirir conocimientos en cuidado animal, atención básica y manejo de emergencias veterinarias.

Uno de los aspectos centrales de la ley es la responsabilidad económica de las empresas. Los costos de la capacitación deberán ser asumidos en su totalidad por las compañías de vigilancia y seguridad privada, sin que ello represente una carga financiera para los trabajadores. Asimismo, la norma establece garantías laborales al precisar que la falta de formación no podrá ser utilizada como causal de despido si la empresa no ha facilitado el acceso a los procesos académicos exigidos.

Más allá de la formación del personal, la Ley 2454 impulsa un cambio estructural en el modelo de seguridad privada, al promover la reducción progresiva del uso de perros en tareas operativas. La normativa fomenta el reemplazo de los caninos por soluciones tecnológicas en aquellas funciones donde su presencia no sea estrictamente necesaria, con el fin de priorizar el bienestar animal.

Para orientar esta transición, la ley ordena la creación de un comité permanente bajo la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Este organismo contará con la participación de representantes de las empresas del sector, grupos académicos de investigación y delegados del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y tendrá como misión evaluar y validar las tecnologías que reemplazarán el trabajo que hoy realizan cerca de 4.000 perros autorizados en el país.

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Con estas medidas, Colombia avanza hacia un modelo de seguridad privada que combina innovación tecnológica, protección animal y mayor profesionalización, en sintonía con tendencias internacionales que buscan reducir el uso de animales en actividades de alto desgaste operativo.