Emergencia económica en Colombia: ¿blindaje contra drones o atajo para nuevos impuestos polémicos?

La reciente declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha dejado ver que la seguridad del país y la adquisición de un sistema antidrones ocupan un lugar prioritario en la agenda estatal. Aunque desde la administración central se resalta esta urgencia como uno de los principales motivos para expedir el decreto, lo cierto es que la inquietud por reforzar la tecnología en materia de defensa no es nueva. Según información recogida por El Colombiano, la necesidad de fortalecer la capacidad de la fuerza pública frente a la amenaza que representan los drones ha estado latente en el Gobierno desde hace al menos año y medio, aunque hasta ahora se hace más visible al usarla como argumento para la medida extraordinaria.

El contexto inmediato de esta actuación responde a la caída de la ley de financiamiento en el Congreso, situación que motivó al Ejecutivo a buscar alternativas para obtener los recursos necesarios. De acuerdo con declaraciones brindadas por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en diálogo con la W Radio, el uso cada vez más frecuente de tecnologías agresivas, como los drones empleados por actores ilegales en distintas regiones de Colombia, ha complicado el panorama de seguridad. Ávila indicó que la situación obliga a una inversión prioritaria, para dotar con sistemas antidrones a la fuerza pública de manera inmediata.

Pese a que el ministro de Hacienda afirmó que la coyuntura no era totalmente previsible y que no era posible anticipar los hechos que hoy demandan esta intervención tecnológica, las declaraciones de Iván Velásquez, exministro de Defensa, revelan una historia distinta. Desde julio de 2024, el Gobierno ya estaba al tanto de la urgencia por robustecer las capacidades del Estado frente a las amenazas de aeronaves no tripuladas. Velásquez subrayó el avance de sistemas antidrones en áreas especialmente afectadas como el suroccidente del país, donde grupos armados ilegales han intensificado el uso de estas herramientas, aunque en ese entonces el Ejecutivo carecía de la disposición financiera inmediata para adquirirlos.

Ejemplos concretos como el del departamento del Cauca, que compró sistemas antidrones con recursos locales, y las contribuciones destacadas de autoridades departamentales como Juvenal Díaz, muestran que el fortalecimiento de la seguridad tecnológica ha sido impulsado desde el nivel regional. No obstante, la demora en la capacidad de compra a nivel nacional sugiere que la justificación de emergencia por parte del Gobierno Petro está marcada tanto por necesidades postergadas como por presiones presupuestales recientes.

El decreto de emergencia económica, que estará vigente durante 30 días, fue firmado por la totalidad del gabinete ministerial. Su propósito principal es buscar alivios fiscales y conseguir una suma cercana a 16 billones de pesos adicionales para financiar el Presupuesto General de 2026. El Ejecutivo adelantó que expedirá decretos reglamentarios en breve para introducir nuevos tributos a través de esta vía excepcional. Políticamente, la decisión directa del presidente Petro de imponer estos gravámenes—después de que fueran negados por el Congreso—ha encendido un debate legal y constitucional en el país.

¿Por qué es polémico constitucionalmente el uso del decreto de emergencia económica para imponer nuevos impuestos?

El anuncio del Gobierno de recurrir a la emergencia económica para abrir paso a nuevos impuestos ha causado descontento y cuestionamientos en diversos sectores. Dentro del sistema legal colombiano, la facultad de establecer tributos corresponde ordinariamente al Congreso. La decisión del Ejecutivo de utilizar un decreto excepcional para sortear la negativa legislativa plantea dudas sobre los límites y el alcance de los poderes presidenciales.

La controversia jurídica se hace aún más intensa porque la Constitución establece condiciones claras para la declaratoria de emergencia económica. El debate gira en torno a si las razones aducidas por el Gobierno cumplen esos requisitos y si, efectivamente, la situación amerita la imposición de tributos sin la aprobación del Congreso. De esta manera, la medida no solo tiene un impacto fiscal, sino que también pone a prueba la fortaleza de los controles democráticos en el modelo institucional colombiano.