Grupos armados imponen miedo y veto electoral: riesgo democrático crece en regiones de Colombia

El reciente balance presentado por la Defensoría del Pueblo pone en evidencia las persistentes dificultades que enfrenta Colombia para garantizar elecciones en un entorno pacífico y libre de intimidaciones. Tras la Alerta Temprana emitida en octubre pasado, el organismo evaluó la gestión del Gobierno Nacional frente a los riesgos electorales, concluyendo que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Según la Defensoría, solo se ha logrado cumplir de manera parcial con las recomendaciones propuestas, lo que mantiene vigente un panorama de riesgo, especialmente en regiones donde la presencia de grupos armados ilegales se ha fortalecido al punto de reemplazar funciones estatales.

El informe señala que dichos grupos —como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas Farc— han usurpado la regulación del proceso electoral en varias regiones, vetando candidaturas y ejerciendo control sobre campañas políticas. A ellos se suman otras organizaciones armadas y grupos de criminalidad organizada, multiplicando las amenazas que enfrentan actores políticos y la población civil en vísperas de los comicios.

La Defensoría del Pueblo reportó que, de las 11 recomendaciones emitidas en octubre, el porcentaje de cumplimiento estatal apenas llegó a un 42%, siendo la recomendación sobre el fortalecimiento a organizaciones políticas la de menor avance, con un cumplimiento nulo. Incluso en aspectos fundamentales como prevención y protección, investigación y acceso a la justicia, las cifras no superan el 65%. En materia de articulación interinstitucional, la respuesta apenas roza el 29%, lo que revela una coordinación todavía fragmentada frente a las amenazas identificadas.

La alerta sobre el impacto del control armado se concentra en macrorregiones como el Caribe, Noroccidente y Suroccidente, donde las amenazas incluyen restricciones a la movilidad, imposición de normas de conducta y condicionamientos sobre el comportamiento electoral. En ese contexto, la libertad para elegir se ve severamente restringida, y la defensoría advierte sobre el riesgo de instalarse una “democracia meramente formal”, en la que las comunidades, silenciadas por el miedo, pierden toda posibilidad de participación real.

Asimismo, los datos compartidos evidencian un incremento de municipios en riesgo, acción urgente o prioritaria. A nivel nacional existen 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el periodo preelectoral. Se resalta un "riesgo estructural" para los candidatos, enfrentándose a asesinatos selectivos, estigmatización y prohibiciones para llevar a cabo campañas. La situación resulta aún más grave para quienes compiten por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), sometidos a permisos y vetos por parte de grupos ilegales.

También se advierten impactos negativos sobre periodistas, servidores públicos y firmantes de paz, acrecentando la presión sobre administraciones municipales, en ocasiones utilizadas para impulsar candidaturas a favor de intereses armados. Ante este panorama, la Defensoría presentó nueve recomendaciones adicionales, enfatizando la necesidad de un liderazgo más eficaz del Ministerio del Interior y una estrategia integral de seguridad por parte del Ministerio de Defensa. Además, solicitó a la Fiscalía y la Procuraduría fortalecer los procesos de investigación y seguimiento ante eventuales omisiones institucionales.

Frente a la compleja realidad descrita, la pregunta central permanece abierta: ¿qué acciones efectivas deberá priorizar el Estado para evitar que el miedo y la coacción sustituyan la participación democrática en las próximas elecciones?

¿Qué implicaciones tienen las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) en zonas de conflicto?

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como Citrep, surgen como un mecanismo para garantizar la representación política de víctimas del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, según la Defensoría del Pueblo, los candidatos de estas circunscripciones enfrentan obstáculos adicionales, como la exigencia de permisos para movilizarse y la imposición de vetos en zonas rurales bajo influencia armada.

La relevancia de esta pregunta radica en que el efectivo funcionamiento de las Citrep constituye un indicador clave del compromiso del Estado con el fortalecimiento de la democracia participativa en contextos afectados por la violencia. Las dificultades que experimentan estos candidatos ponen en entredicho la inclusión política de las víctimas y la viabilidad de lograr una paz sostenible en dichas regiones.