Incautan arsenal de “Los Pachenca”: el ejército golpea al grupo acusado de tortura y castigos crueles

Tropas adscritas al Batallón de Montaña Número 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz protagonizaron recientemente intensos combates en la vereda El Mirador, jurisdicción del municipio de Ciénaga, Magdalena, enfrentando a presuntos integrantes del grupo armado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidos como Los Pachenca. Esta operación, desarrollada en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, resultó en la incautación de un amplio arsenal, que incluía 1.396 cartuchos de diferentes calibres, una pistola, 21 granadas improvisadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, tres granadas artesanales, una libra de pólvora negra, un artefacto explosivo tipo balón bomba, tres escopetas, 13 proveedores para armas de fuego, nueve cintelas o hamacas, dos chalecos multipropósito, uniformes reservados de las Fuerzas Militares, además de material de intendencia y dispositivos de comunicación, según lo informado por las autoridades.

La importancia de este decomiso radica en que, de acuerdo con el Ejército, el armamento incautado representaba una seria amenaza para la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del Magdalena. Las Fuerzas Militares destacaron que la continuación de estas operaciones, en articulación con otras entidades, responde al compromiso de robustecer la seguridad, la estabilidad y la convivencia pacífica en la región, protegiendo a la población civil frente a los riesgos que representa la presencia de grupos armados como Los Pachenca.

Este grupo criminal ha estado bajo el escrutinio público especialmente tras la difusión, en noviembre de 2025, de videos que exhibían castigos violentos impuestos a civiles. Entre estas acciones, denunciadas por diversas organizaciones y medios, destacan trabajos forzados, inmovilización de extremidades, exhibición de carteles con mensajes de arrepentimiento y humillaciones públicas, implementadas supuestamente como respuesta a delitos como hurtos, violencia de género, venta de estupefacientes y casos de violencia intrafamiliar.

La respuesta de la comunidad internacional no se hizo esperar. El 12 de noviembre de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su enérgica condena ante la imposición de sanciones y castigos extralegales en Santa Marta y Valledupar, atribuidos a Los Pachenca, cuya influencia se extiende a la Sierra Nevada de Santa Marta. Según el recuento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se recopilaron en total 19 registros audiovisuales de estos hechos.

La ONU subrayó que estas prácticas representan vulneraciones graves a los derechos humanos, señalando que podrían ser tipificadas como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, atentando contra el derecho a la integridad personal, consagrado en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, de los que Colombia es signatario.

Además, la organización internacional identificó entre las víctimas a mujeres que fueron obligadas a realizar trabajos forzados y a quienes, en un acto de violencia simbólica, se les rapó el cabello por la fuerza. Según la ONU, tales acciones afectan profunda y directamente la autoestima y la identidad de las mujeres, vulnerando sus derechos a la autonomía y al control sobre sus cuerpos.

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas instó al Estado colombiano a redoblar sus esfuerzos para prevenir y proteger a las víctimas de estos abusos, así como a garantizar el acceso a la justicia y la sanción de los responsables. Los Pachenca mantienen una influencia significativa en Magdalena, donde controlan corredores de narcotráfico y redes de extorsión, consolidando así su poder y planteando serios retos para la paz y el respeto de los derechos humanos en la región.

¿Qué implica que las acciones de Los Pachenca sean calificadas como “tortura”?

La caracterización de las acciones cometidas por Los Pachenca como "tortura" reviste una gravedad especial en el ámbito jurídico y de derechos humanos. La tortura, según lo establecido en convenios internacionales como la Convención contra la Tortura, implica la causación intencionada de dolor o sufrimiento severo, físico o mental, con el fin de obtener información, castigar, intimidar o coaccionar a una persona o a terceros. Esta calificación exige que el Estado investigue y sancione con rigor a los responsables, y habilita mecanismos de protección reforzada para las víctimas.

El reconocimiento internacional de estos actos como tortura también coloca un foco sobre las obligaciones del Estado colombiano en materia de prevención, sanción y reparación. Además, refuerza la importancia de que organismos internacionales supervisen y acompañen el respeto a los derechos humanos en zonas donde operan grupos armados ilegales, como ocurre en el departamento de Magdalena.