Exalcalde de Codazzi fue llamado a juicio por presunta corrupción en el PAE

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El exmandatario Efraín Quintero Mendoza deberá responder por un presunto detrimento patrimonial originado con el PAE durante el periodo 2012 – 2015.

El exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, investigado por presunta corrupción en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, enfrentará un extenso juicio oral ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con función de Conocimiento de Valledupar.

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Junto a él estarán el exsecretario de Educación, Raúl Casimiro Bermúdez Castilla, la contratista, Linda Xiomara Navarro Hernández y la ingeniera civil Diana Margarita Trujillo Arévalo, quienes están en libertad. 

La tarde del lunes avanzó la audiencia preparatoria del proceso en contra de ellos. En esta, la Fiscalía 5 seccional y la defensa enunciaron los elementos de prueba que pretenden hacer valer para el debate probatorio.

No obstante, esta etapa promete ser extensa y compleja debido a que la Fiscalía dio a conocer que tenía 92 pruebas entre testimoniales y documentales, mientras que los tres abogados que conforman la defensa tienen más de 10 piezas probatorias cada uno. 

(Vea también: Vuelve y juega: procesarán a operador del PAE en Quindío por incumplir millonario contrato)

Por eso, la juez primera penal del circuito tras varias horas de audiencia decidió suspender la diligencia para que las partes se reunieran y acordaran si realizarán estipulaciones probatorias. Es decir, para que analicen que aceptarán como probado en los hechos o sus circunstancias investigadas.

La investigación

Esta investigación se basó en el análisis de dos convenios relacionados con el PAE ejecutados por el exmandatario Quintero Mendoza el 30 de enero y el 5 de junio del año 2015, que presuntamente presentaron irregularidades.

En estos habrían encontrado sobrecostos en las raciones diarias de desayunos y alimentos complementarios, puesto que, los precios supuestamente eran superiores a los valores del mercado y a los que la Gobernación del departamento del Cesar había contratado simultáneamente con las mismas instituciones educativas oficiales del municipio Agustín Codazzi. 

La denuncia surgió por la Contraloría General de la República a través de una auditoría especial en la que revisó el convenio de cooperación y el contrato de suministro.

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