Destapan documento con nuevo escándalo en gobierno Petro: dos grandes empresas, en el ojo del huracán

El Ministerio de Minas y Energía presentó una denuncia que consta en un oficio reservado de radicado 2-2026-049062, con fecha del 3 de noviembre de 2026.

En medio de las revelaciones que han surgido alrededor del gobierno de Gustavo Petro, un nuevo escándalo quedó sobre la mesa al respecto de esa administración.

El Ministerio de Minas y Energía radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para poner en conocimiento presuntas anomalías en la administración de cupos subsidiados de gasolina y ACPM en zonas fronterizas, según informó La FM.

La auditoría interna constató que el aplicativo oficial asignó un volumen extra de 35.’071.070 galones por encima del margen legalmente cobijado con exenciones impositivas entre enero de 2025 y septiembre de 2026.

Esta brecha en las asignaciones comenzó a mostrar una tendencia sostenida a partir de septiembre de 2025, durante el mandato de Gustavo Petro, experimentando su mayor desajuste en mayo de 2026.

En dicho mes, el sistema informático matriculó un sobrante mensual de 4,1 millones de galones, consolidando un consolidado que abarca 21 meses e integra los primeros compases de la administración entrante.

La denuncia consta en un oficio reservado de radicado 2-2026-049062, con fecha del 3 de noviembre de 2026, respaldado con la rúbrica de Germán Orlando León Duarte, director técnico de Hidrocarburos.

El expediente señala a Julián Flórez Quiroga, quien comandó esa dependencia bajo el gobierno Petro y presuntamente gestionó la habilitación de un perfil informático especial con atribuciones para ajustar las cifras registradas.

En las zonas limítrofes, los dispensadores de combustible comercializan cupos específicos exentos de tributos como el IVA y el gravamen nacional a los carburantes, buscando mitigar el contrabando y abaratar el abastecimiento regional.

La cartera energética determina mediante actos formales el volumen asignable para cada localidad y estación; no obstante, el Sistema de Información de Combustibles (SICOM) incorporó cantidades superiores a las autorizadas.

Bajo este esquema irregular, varias estaciones obtuvieron márgenes ficticios para distribuir carburante con subsidios, provocando que las arcas estatales dejaran de percibir recursos tributarios indispensables si el producto llegó al consumidor final.

Durante los 21 meses examinados, las resoluciones técnicas avalaban 1.136.903.110 galones, mientras la base informática totalizó 1.171.974.180 galones, consolidando un desfase porcentual exacto del 3,1 % en el consolidado.

Para tasar la merma financiera, MinMinas multiplicó el exceso detectado por $2.078 por cada galón, cifra representativa calculada para los beneficios tributarios que rigieron formalmente a lo largo de 2026.

A partir de este cálculo aritmético, el despacho ministerial fijó la suma de $72.878 millones como una “estimación preliminar del posible impacto fiscal” derivado de las inconsistencias documentadas en los sistemas.

La corroboración del menoscabo patrimonial exige verificar cuántos de aquellos galones concedidos irregularmente se despacharon y facturaron de forma efectiva bajo el amparo de los beneficios tributarios existentes en frontera.

La Dirección de Hidrocarburos identificó cerca de 30 resoluciones suscritas en 2025 cuyas asignaciones numéricas diferían ostensiblemente del cómputo técnico arrojado por la metodología matemática oficial estipulada para el cálculo.

Para la vigencia de 2026, los auditores detectaron divergencias sustanciales entre los borradores con sustento técnico y las versiones definitivas sancionadas, además de cargas al sistema previas a la expedición del acto administrativo.

Una situación representativa ocurrió en San José de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, en Norte de Santander, donde resoluciones fechadas el 5 de julio de 2025 operaron desde el primero de julio.

Una acción de tutela ordenó rehacer todo el trámite cuestionado, obligando al nuevo equipo directivo a promulgar tres actos administrativos correctivos el 2 de octubre de 2026 para cumplir el fallo judicial.

En el departamento de Nariño se hallaron puntos de expendio con volúmenes superiores, justificándose en supuestas “duplicidades del sistema”, “órdenes de compra” o “necesidades de abastecimiento”, carentes de cualquier sustento normativo o técnico válido.

Las pesquisas evidenciaron entregas a establecimientos comerciales ausentes de la normativa o bloqueados de manera preventiva, maniobras presuntamente ejecutadas desde el “usuario editor solicitado directamente por el señor Julián Flórez Quiroga”.

Internexa, operador tecnológico del SICOM, aportó el correo institucional en el cual Flórez solicitó abrir dicha cuenta de editor, junto con la bitácora electrónica de modificaciones en los volúmenes de abastecimiento autorizados.

Los investigadores buscan clarificar quién ordenó cada transacción digital y determinar qué proporción de los 35 millones de galones en disputa corresponde directamente a los movimientos trazados desde aquel perfil informático.

El 8 de septiembre de 2026, la Dirección solicitó auditar las cuotas de frontera; el 18 de septiembre, Secretaría General remitió a Presidencia el segundo tomo del Libro de la Verdad con esta alerta.

Asimismo, el 23 de septiembre la cartera trasladó a control disciplinario una queja formulada contra Flórez por distribuidores minoristas de combustibles pertenecientes al gremio del departamento de Nariño.

El oficio ministerial incluye igualmente dos cuestionadas decisiones operativas expedidas durante julio de 2026, bajo la administración de Gustavo Petro, las cuales prescindieron de la debida articulación interministerial obligatoria por mandato legal.

El 7 de julio, mediante la Resolución 01199, la Dirección autorizó a Chevron Petroleum Company a importar temporalmente gasolina corriente para almacenarla y comercializarla desde una planta en Buenaventura.

Los peritos advirtieron que el combustible presentaba niveles prohibidos de compuestos aromáticos y excesiva presión de vapor, violando estándares ambientales fijados mancomunadamente con el Ministerio de Ambiente, cartera que jamás autorizó tal dispensa.

Al 3 de noviembre, las autoridades aguardaban el consentimiento expreso de Chevron para revocar la resolución, sin precisar el total de carburante introducido al territorio nacional bajo este cuestionado permiso administrativo.

De modo similar, el 10 de julio, mediante la Resolución 01249, la dependencia facultó a Primax Colombia para implementar un piloto comercial de gasolina con 15 % de etanol en Nariño.

El permiso careció de concertación con los ministerios de Hacienda, Agricultura y Ambiente, motivo por el cual el actual gobierno lo revocó con la Resolución 1860 de 2026, mediando consentimiento empresarial.

Otro frente crítico involucra la Resolución del 17 de julio de 2026, que reorganizó el suministro hacia Nariño desde las plantas mayoristas ubicadas en Chachagüí y el puerto de Tumaco.

El despacho ministerial modificó la distribución territorial los días 5 y 8 de agosto, vulnerando los plazos procesales vigentes hasta el 25 de agosto para que los distribuidores interpusieran sus recursos legales.

Ante este cúmulo de evidencias, el director Germán Orlando León Duarte solicitó a la Fiscalía que “evalúe los hechos puestos en su conocimiento y determine la procedencia de adelantar las actuaciones investigativas que estime pertinentes”.