Hasta gerencia y códigos antifraudes tenía la bien montada empresa criminal de Merlano

Así se conoció durante las audiencias de tres personas vinculadas a la organización delincuencial que compró votantes en las elecciones regionales de 2018.

Dichas diligencias se adelantaron el pasado 29 de noviembre, pero solo hasta ahora se conocen detalles del funcionamiento de la ‘casa blanca’, sede de campaña de la exsenadora, donde funcionaba la red de corrupción electoral que le permitió llegar al Congreso.

Ese día fueron condenados Edwin Rafael Martínez Salas –por delitos como corrupción al sufragante, porte ilegal de armas, concierto para delinquir agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado–; además de Jefferson de Jesús Viloria Miles y Evelyn Carolina Díaz por su responsabilidad en el caso, informaron Blu Radio y El Tiempo.

Pero mientras el juez leía las sentencias, reveló los alcances que tenía dicha red de corrupción a la que definió como “una empresa criminal con todas las de la ley”, y explicó el porqué, citado por la emisora:

“A la organización se le dio un funcionamiento empresarial; por ende, había una sede, una gerencia, área de recursos humanos, de coordinación, un departamento administrativo y su personal, un área de sistemas y un área de vigilancia o seguridad”.

Pero además, utilizaban códigos QR para evitar que los votantes que compraban les hicieran fraude y reclamaran el dinero sin votar por el candidato que les indicaban.

Esto porque antes de que los ciudadanos se acercaran a las urnas ya les habían dado una primera cuota del pago –cada voto lo compraban a 50.000 pesos–, detalló el juez, según el medio:

“Primero se daban 15.000 pesos y se expedía una contraseña, un formato de un corazón que se pagaba con la zonificación y el excedente se pagaba después de votar y se daba otra contraseña que expedían las casas de apoyo. Estas contraseñas tenían mecanismos de seguridad para evitar su falsificación e impedir defraudaciones a la campaña”.

También se conoció que la financiación de la ‘casa blanca’ venía de los bolsillos del empresario Julio Gerlein, investigado por el caso y cuya audiencia preparatoria está programada para el próximo 10 de diciembre.

El juez reveló que a Gerlein se le “incautaron gran cantidad de cheques a los que se les pudo seguir el rastro determinando a quienes correspondían, a quien se giraron y quienes los hicieron efectivos”.

Son al menos 47 cheques, según El Tiempo, que el empresario giró en el 2018, “por 1.831 millones [de pesos] que, de entrada, viola los topes de gastos electorales. De esos cheques, 41 fueron pagados a 33 personas, 7 de ellos relacionados con la campaña de Merlano y con su empresa criminal”.

“Se trata de René Alfonso López, Bedel Conrado Villareal, Juan David Acosta, José Rambal, Ariana Blanco, Aida Merlano y su exesposo José Antonio Manzaneda. También aparece en el entramado la firma Peñaloza y Blanco Ingeniería”, puntualizó el diario.

No obstante, el abogado Jaime Lombana, que defiende los intereses de Gerlein, afirmó a los dos medios que ese dinero estaba destinado a la relación que el empresario mantenía con Merlano y no para comprar votos. Además, que se trata de una cantidad mucho mayor que giró desde muchos años antes.