Sale a la luz despilfarro por arriendo de consulado en México que no estaría funcionando

El Consulado de Colombia en Monterrey, México, se ha convertido en motivo de incertidumbre para la comunidad colombiana residente en esa región. Aunque la Cancillería adquirió la sede en febrero de 2025, luego de más de siete meses no hay un cónsul designado ni un equipo administrativo.

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Así lo dio a conocer Semana, que dio a conocer los costos de arriendo que siguen vigentes. De acuerdo con ese medio, la Cancillería ya giró 409 millones de pesos colombianos para gastos referentes al tema inmobiliario.

El inmueble, ubicado en el condominio Plaza Internacional en San Pedro Garza García (Nuevo León), tiene un área de 275,36 metros cuadrados y, según el contrato, se paga una renta mensual equivalente a 22.938.226 COP. El pago semestral ya suma más de 137 millones de pesos colombianos para el período de mayo a octubre de 2025, luego de que se negociaran dos meses y ocho días de periodo de gracia.

Además, los costos no se limitan al arriendo. A esa cifra se suman pagos mensuales por administración del edificio, servicios públicos, estacionamiento y mejoras al inmueble (mantenimiento, mobiliario, limpieza, adaptaciones eléctricas, seguridad, etc.), informó la revista.

¿Por qué no se ha nombrado aún un cónsul en Monterey?

La responsabilidad de este nombramiento recae directamente en la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y en el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la sede opera parcialmente mediante jornadas de consulado móvil, con atención bajo orden de llegada durante agosto de 2025.

Sin embargo, este mecanismo provoca cuestionamientos sobre la eficiencia en la asignación de recursos públicos. Aunque pueda parecer un tema meramente burocrático, el retraso tiene implicaciones directas en la comunidad colombiana en Monterrey y en la percepción de la gestión pública en el actual gobierno.

En un contexto donde el presidente Petro ha criticado de forma constante la mala administración de recursos en gobiernos anteriores, la demora en un nombramiento clave puede interpretarse como una contradicción frente a esos mismos principios.

Más allá del descontento ciudadano, la falta de designación refleja la inactividad de una sede consular que causa gastos sin cumplir plenamente su función.