Unidiplo denuncia ante la Contraloría presuntas irregularidades en nombramientos de la Cancillería durante el gobierno Petro

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia, conocida como Unidiplo, presentó ante la Contraloría un extenso documento de 25 páginas para denunciar posibles irregularidades en la Cancillería. De acuerdo con la información contenida en la queja, Unidiplo acusa al Estado de detrimento patrimonial derivado de “nombramientos injustificados e ilegales en provisionalidad en cargos de la carrera diplomática y consular”. La denuncia formula cargos de responsabilidad fiscal contra los cuatro cancilleres que pasaron por la administración de Gustavo Petro y apunta también a cinco directores de Talento Humano de la Cancillería.

El documento fue radicado por Andrés Ordoñez Buitrago, presidente de Unidiplo, y señala directamente a los exministros Álvaro Leyva Durán, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio, por supuestamente haber permitido el “nombramiento sistemático y reiterado, injustificado y sin la observancia de los requisitos de ley, de personas por fuera de la carrera diplomática”. A su vez, responsabiliza a los exdirectores de Talento Humano Silvia Margarita Carrizosa Camacho, Lina Cecilia Luna Gutiérrez, Diana Sofía Morales Rueda, Luz Ángela Cendales Durán, Carlos Arley Orozco y Eliana Paola Salguero Beltrán “por la expedición sistemática de certificaciones irregulares de no disponibilidad de personal de carrera diplomática y consular”, como relata El Espectador.

Según la organización sindical, estos actos motivaron más de cien nombramientos irregulares durante los últimos cuatro años, lo que obligó a impulsar litigios jurídicos para restablecer el orden legal. Los procesos, de acuerdo con la queja, han resultado en sentencias de nulidad electoral a favor de la carrera diplomática y consular. El escrito enfatiza que estas prácticas no solo generan incertidumbre jurídica, sino que acarrean un daño económico al Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio, particularmente por los gastos asociados a los traslados y reintegros del personal, como tiquetes aéreos para funcionarios y sus familias, primas de instalación, viáticos, menaje doméstico y demás beneficios consagrados en el Decreto Ley 274 de 2000.

Unidiplo indica que ha debido presentar más de cien demandas para impugnar estos nombramientos y sostiene que la conducta de los funcionarios señalados podría ser calificada como dolosa o, en el peor de los casos, culposa, ya que debieron saber que no era legal designar funcionarios ajenos a la carrera diplomática si existía personal calificado disponible. Por ello, el sindicato solicita que se inicie una investigación fiscal y que se exija al Ministerio de Exteriores un informe detallado de los costos por traslados y beneficios pagados por nombramientos posteriormente anulados, con el fin de calcular con precisión el daño patrimonial al erario.

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¿Qué es el Decreto Ley 274 de 2000 y cuál es su relevancia en los nombramientos diplomáticos?

El Decreto Ley 274 de 2000 contiene las normas que rigen la carrera diplomática y consular en Colombia. Este decreto establece los beneficios, requisitos y condiciones para los funcionarios de la carrera, así como los procedimientos para sus traslados, viáticos, primas y otros derechos laborales. Su relevancia en este contexto radica en que la queja de Unidiplo hace referencia a posibles violaciones de tales disposiciones, lo que habría llevado a nombramientos irregulares por fuera del marco legal señalado en dicho decreto.

¿Cuáles son los efectos económicos de los nombramientos irregulares según la denuncia de Unidiplo?

De acuerdo con la denuncia radicada por Unidiplo, los nombramientos irregulares han producido un daño patrimonial al Estado, específicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio. Los efectos económicos incluyen costos asociados al traslado al exterior de los funcionarios designados de manera irregular, el pago de tiquetes, primas de instalación, viáticos, menaje doméstico y demás beneficios definidos en la ley, así como los gastos de reintegro una vez anulados dichos nombramientos. Incluso, en algunos casos, se podrían generar costos duplicados por estos movimientos.