Gobierno de La Espriella hunde a 'Matador': lo acusan de 5 delitos por contrato con el Estado

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El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella radicó una muy delicada denuncia penal contra el reconocido caricaturista por presuntas irregularidades.

Un nuevo y pesado coletazo judicial sacude el escenario político y mediático del país, luego de que se conociera una contundente denuncia penal radicada ante la Fiscalía General de la Nación en contra del reconocido caricaturista Julio César González, ampliamente conocido como Matador. La acción legal fue interpuesta directamente por Carlos Andrés Ríos Puerta, en su calidad de director del Dapre y consejero comisionado de paz (e), quien entregó un riguroso expediente técnico, fáctico y normativo que detalla presuntas irregularidades en la contratación directa, estructuración, ejecución, supervisión y pagos de un millonario acuerdo suscrito durante la administración de Gustavo Petro, según informó Semana. 

Se trata del Contrato de Prestación de Servicios 1937 de 2024, celebrado el pasado 11 de octubre de 2024 entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 —como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP)— y el caricaturista. El documento entregado al ente acusador detalla anomalías desde su misma etapa precontractual. Entre los hallazgos iniciales destaca una evidente equivocación en la consideración 22 del contrato, la cual justificaba la contratación intuitu personae identificando al seleccionado como “Julio César Rodríguez Quiceno”, distando del verdadero nombre del contratista registrado en el RUT, que corresponde a Julio César González Quiceno. Para el denunciante, este error en un acápite diseñado para demostrar las cualidades únicas del prestador de servicios constituye un indicio de falta de rigor y análisis individualizado, de acuerdo con la revista.

Asimismo, la denuncia pone la lupa sobre inconsistencias financieras y operativas de gran calado. El valor inicial del contrato se fijó en 257.040.000 pesos, contemplando además un rubro mensual de 3.420.000 pesos por concepto de IVA, equivalente a 41.040.000 pesos durante los doce meses de ejecución. Sin embargo, el RUT del caricaturista —actualizado a finales de enero de 2024 y generado en septiembre de ese mismo año— lo catalogaba expresamente bajo la responsabilidad “49 – No responsable de IVA”. Dicha contradicción solo fue subsanada dos meses después de iniciado el contrato mediante el otrosí n.° 1. A esto se suma que el documento fijó como único lugar de ejecución la ciudad de Bogotá, a pesar de que las obligaciones contractuales 4 y 5 exigían desplazamientos de carácter estrictamente territorial, según el informe periodístico.

El expediente también apunta a la supervisión del contrato, la cual estuvo a cargo de Gloria Cuartas. Según la denuncia, se detectaron anomalías sistemáticas en los informes y soportes de ejecución presentados a lo largo de doce períodos contractuales que abarcan desde octubre-noviembre de 2024 hasta junio-julio de 2025. Los investigadores advierten una preocupante sucesión de soportes fechados con posterioridad a los cortes de cobro, reiteración de evidencias entre distintas mensualidades y la ausencia de respaldos diferenciados, lo que enciende alertas sobre la correspondencia real entre el cumplimiento certificado y los desembolsos de recursos públicos autorizados, de acuerdo con el citado diario.

Debido a la gravedad de estos hallazgos, la denuncia formal pide a la Fiscalía investigar la presunta comisión de cinco delitos de extrema gravedad: peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, buscando esclarecer las responsabilidades tanto del contratista como de los funcionarios involucrados en la vigilancia del millonario acuerdo.