Consejo de Estado admite demanda contra resolución que declaró áreas de protección agrícola en Nemocón, Cundinamarca

El Consejo de Estado aceptó la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) en contra de la Resolución 393 de 2025 del Ministerio de Agricultura. Dicha resolución había declarado como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) un total de 3.393,47 hectáreas del municipio de Nemocón, lo cual representa el 34,55 % de la totalidad de su suelo. Esta figura, impulsada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, busca reservar el terreno fértil exclusivamente para garantizar la seguridad alimentaria, restringiendo actividades diferentes de la agroindustria, como la minería o el desarrollo urbano, según información de El Espectador.

Hasta marzo de 2026, la decisión de delimitar suelo en calidad de APPA había abarcado 197.718 hectáreas a nivel nacional, distribuidas en 31 municipios de departamentos como Tolima, Antioquia, La Guajira y Cundinamarca. Es precisamente en Cundinamarca donde FEDe. Colombia, una organización no gubernamental, ha centrado su cuestionamiento, argumentando ante el Consejo de Estado que la demanda no desacredita el objetivo de preservar estos suelos, sino que pone el foco en los límites del poder que tiene el Gobierno nacional para declarar dichas áreas y en la competencia de los municipios respecto al uso del suelo.

La Fundación sostiene que el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) sobrepasaron las facultades otorgadas por la ley. Específicamente, señalan que no solo delimitaron las áreas de protección sino que también impusieron reglas sobre los usos, restricciones y condiciones que afectan tanto el desarrollo urbano y suburbano como la vivienda campestre, decisiones tradicionalmente reservadas a los municipios. Según la comunicación de FEDe. Colombia, estas disposiciones impactan directamente a residentes, propietarios y productores instalados en las zonas declaradas como APPA.

Otro punto crítico de la demanda reside en la transparencia del proceso. Según la organización, los participantes en la consulta pública tuvieron dificultades para acceder a la cartografía y los documentos técnicos definitivos no fueron públicos junto con la resolución. Además, aseguran que la versión final del documento técnico se produjo después de expedida la resolución, lo que genera dudas sobre la legalidad del proceso.

La controversia creció cuando el propio Ministerio de Agricultura, en septiembre, anunció un proyecto para derogar las APPA de varios municipios, como Nemocón, Sopó, Cogua, Tenjo y Tabio, señalando fallas en precisión cartográfica y coherencia del régimen de usos. En línea con estas críticas, el Consejo de Estado fue requerido para suspender provisionalmente los efectos de la resolución y, finalmente, para declarar nula su expedición por posibles irregularidades legales, de acuerdo con FEDe. Colombia.

Recientemente, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella adelantó su intención de derogar todas las APPA, promoviendo un modelo rural que, en sus palabras, respaldará la propiedad privada y un aprovechamiento responsable del suelo, según recoge El Espectador.

¿Por qué fue demandada la resolución que declaró APPA en Nemocón?

La resolución fue demandada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) porque, aunque no cuestiona el objetivo de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), sí discute el alcance de las decisiones tomadas por el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Dicha organización argumenta que estas entidades excedieron sus competencias legales al imponer restricciones sobre usos y actividades que corresponden al municipio y afectan a residentes y propietarios locales.

¿Qué significa el término APPA en el contexto colombiano?

APPA es la sigla de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, una figura creada para delimitar ciertas extensiones de tierra con el fin de garantizar la seguridad alimentaria, dedicando dichos terrenos exclusivamente a actividades agroindustriales y restringiendo otros usos, como la minería y el desarrollo urbanístico, de acuerdo con lo señalado en las resoluciones y la cobertura hecha por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.