Drones explosivos y “gobernanza armada”: la nueva amenaza que pone en vilo a El Peñol y El Tambo

La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió recientemente la quinta Alerta Temprana de Inminencia de 2026, haciendo énfasis en la situación de los municipios de El Peñol y El Tambo, localizados en el departamento de Nariño. Este pronunciamiento fue motivado por el aumento del riesgo para la población civil debido a intensas confrontaciones armadas entre diferentes actores ilegales y al uso reiterado de drones equipados con explosivos, que representan una amenaza inmediata sobre las comunidades y la infraestructura estatal. Según la Defensoría, el corredor vial de Guambuyaco resulta crucial tanto para el movimiento de tropas como para actividades ilícitas, lo que ha convertido a la región en un escenario altamente conflictivo.

El informe subraya dos dinámicas de especial preocupación: por un lado, la lucha territorial entre organizaciones armadas ilegales, encabezada por el frente Franco Benavides del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, facción conocida por sus vínculos con las disidencias de “Mordisco”; esta expansión confronta a otros grupos como Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño. Por otro, la creciente utilización de drones adaptados con explosivos dirigidos a objetivos como estaciones de Policía y sedes administrativas, incluyendo la Alcaldía de El Peñol. Tales ataques han sido documentados en áreas urbanas y conglomerados rurales, afectando tanto a agentes estatales como a ciudadanos.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las zonas urbanas y varias veredas de El Tambo y El Peñol están actualmente bajo mayor presión, pues concentran acontecimientos violentos y registran niveles de riesgo sin precedentes para la población. El organismo advierte que, en diciembre pasado, se documentó un desplazamiento forzado masivo de 124 familias, incluidas comunidades indígenas, a raíz del accionar violento de los grupos armados y el uso de explosivos en contextos habitados.

La Defensoría también denuncia la imposición de una nueva forma de control social llamada “gobernanza armada”, que los grupos ilegales ejercen a través de la instalación de vallas, la difusión de normas mediante aplicaciones como WhatsApp y la presión a los campesinos para crear “guardias campesinas” destinadas a obstaculizar el trabajo de la fuerza pública. Tales prácticas afectan gravemente la autonomía y la vida cotidiana de las comunidades.

El informe describe que los niños, niñas y adolescentes están especialmente vulnerables a ser reclutados forzosamente, y que la cercanía de explosiones y enfrentamientos a escuelas pone en riesgo su integridad. Además, líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido víctimas de amenazas e instrumentalización, mientras que en las áreas rurales persisten riesgos de minas antipersonal y restricción de movilidad para los campesinos.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 16 recomendaciones a diferentes instancias estatales. Solicitó al Ministerio del Interior liderar la coordinación inmediata de acciones; al Ministerio de Defensa, robustecer la lucha antidrones y adelantar operaciones de desminado; y reclamó a la Fiscalía avances en investigaciones relativas a amenazas contra líderes sociales. Así mismo, exhortó a la Unidad Nacional de Protección e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a fortalecer medidas de protección a grupos en situación de vulnerabilidad.

La respuesta institucional será decisiva para revertir el deterioro humanitario y de seguridad en la región, donde la presencia y control de grupos armados ilegales han erosionado gravemente la vida social, política y económica de las comunidades. La alerta de la Defensoría subraya la urgencia de una intervención coordinada y sostenida de las autoridades estatales para garantizar los derechos fundamentales y la protección de la población civil ante un contexto de violencia sistémica.

¿Qué implica la “gobernanza armada” en los territorios afectados? En el contexto de El Peñol y El Tambo, la Defensoría del Pueblo señala que los grupos armados ilegales no solo practican la violencia directa, sino que imponen una forma de control social y territorial. Esta “gobernanza armada” se expresa mediante la instalación de símbolos como vallas y banderas, la difusión de normas obligatorias a través de canales de mensajería y la presión para conformar estructuras de vigilancia campesina, restringiendo así la autonomía local y el margen de acción de la fuerza pública.

La importancia de entender este concepto radica en identificar cómo las comunidades ven limitada su capacidad de autogobierno y quedan sometidas a lógicas de control impuestas por la fuerza y el miedo. Además, la “gobernanza armada” debilita la institucionalidad estatal y genera un clima de coacción y silenciamiento frente a la denuncia de abusos, con impactos duraderos sobre los derechos humanos y la posibilidad de una convivencia democrática en la región.