Decreto 1525 de 2026: debate sobre nuevas reglas y límites a la intervención estatal en la protesta social en Colombia

La protesta social representa un derecho esencial dentro de cualquier democracia, pues permite a la ciudadanía expresar sus inconformidades y cuestionar al poder de forma legítima. La manera en que el Estado regula estas manifestaciones constituye un reflejo de su concepción democrática: los regímenes democráticos contemplan restricciones como excepcionales y proporcionales, mientras que los autoritarios tienden a igualar la inconformidad con el desorden, según se analiza en el artículo de El Espectador. En este contexto, la expedición del Decreto 1525 de 2026, firmado por el presidente Abelardo De La Espriella, ha generado un intenso debate en torno al alcance de la intervención de la fuerza pública y los límites al ejercicio de este derecho ciudadano. El propio decreto ha suscitado inquietudes de tipo constitucional, pues algunas de sus cláusulas otorgan facultades amplias a las autoridades, lo que podría traducirse en restricciones desmedidas a la protesta legítima.

La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-223 de 2017, estableció que corresponde al Congreso de la República, mediante una ley estatutaria, regular los elementos fundamentales de la protesta social. Así, aunque la iniciativa presidencial puede presentarse como un protocolo policial, su verdadera naturaleza se define por su impacto y contenido, no simplemente por su nombre. La competencia presidencial para regular de manera integral este derecho es controvertida, ya que podría suponer censura o afectar el denominado "equilibrio constitucional". Además, tocar aspectos como la intervención ante presencia de armas o la regulación de la actuación policial compromete claramente las garantías fundamentales y la delimitación de las competencias estatales.

El Decreto 1525 presenta cuatro temas preocupantes: en primer lugar, la ambigüedad en la definición de violencia y en los criterios para intervenir en manifestaciones; en segundo lugar, la posibilidad de omitir el diálogo previo en ciertas circunstancias, lo cual podría conducir a intervenciones injustificadas; en tercer lugar, la protección de grupos vulnerables como menores, mujeres embarazadas o lactantes, sin claridad sobre lo que constituye "instrumentalización"; y, finalmente, la creación de sistemas de alerta para monitorear protestas, lo que exige salvaguardias estrictas en la gestión de datos y la vigilancia estatal. Aunque el Decreto propone activar los Puestos de Mando Unificado y prevé un periodo de transición en la coordinación con la Policía, persiste la preocupación sobre cómo se garantiza en ese lapso los derechos de quienes protestan pacíficamente, y si las nuevas facultades pueden confundirse con autorizaciones ilimitadas a la fuerza pública.

La protesta social, lejos de amenazar la democracia, es un instrumento para consolidarla y proteger los derechos fundamentales. Convertirla exclusivamente en un asunto de orden público y asociarla automáticamente al desorden puede poner en riesgo los propios cimientos del Estado social de derecho, tal como alertó El Espectador.

¿En qué consiste el Decreto 1525 de 2026 sobre protesta social?

El Decreto 1525 de 2026, firmado por el presidente Abelardo De La Espriella, establece reglas para la intervención de la fuerza pública durante protestas sociales. Según El Espectador, esta norma introduce definiciones sobre actos de violencia, regula condiciones de intervención y dispone sistemas de alerta, planteando dudas sobre la ampliación de facultades a las autoridades y el posible recorte de garantías fundamentales para manifestantes.

¿Cuáles son los riesgos de la ambigüedad en la regulación de la protesta social?

La ambigüedad en la regulación de la protesta social, identificada en el Decreto 1525, radica en criterios poco claros sobre qué constituye violencia o cuánto tiempo debe durar una ocupación para considerarse prolongada. Esta falta de precisión puede propiciar decisiones arbitrarias por parte de las autoridades que restrinjan de forma injustificada derechos fundamentales, como advirtió El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.