WhatsApp, pagos y testimonios: nuevas pruebas complican a David Racero por el escándalo Fruver

David Racero, congresista del movimiento político Pacto Histórico, enfrenta una compleja situación judicial tras las recientes denuncias en su contra relacionadas con el denominado caso Fruver. La controversia se centra en la posible entrega de testimonios falsos por parte de Racero y de John Leonardo García, miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), ante el Consejo de Estado. Según lo revelado en el Reporte Coronell, estos testimonios ocurren en el marco de la investigación por la supuesta utilización de trabajadores de la UTL para labores en un supermercado Fruver y otros negocios familiares, mientras recibían salarios provenientes de fondos públicos.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza del magistrado César Augusto Reyes, recibió una carta que ofrecía pruebas voluntarias sobre presuntas irregularidades. Este documento, según se indica en el reportaje citado, sostenía que tanto Racero como García mintieron bajo juramento, al negar que García hubiese trabajado en el citado negocio familiar durante su tiempo como empleado legislativo y, además, al negar su rol como conductor personal del entonces representante a la Cámara.

El contenido de la carta iba acompañado por la oferta de suministrar diecisiete comunicaciones de WhatsApp, en las que supuestamente se demuestra el papel de García como conductor de Racero y su familia, así como su acceso a vehículos oficiales asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según la información citada, estos mensajes evidenciarían que García llevaba y traía a Racero de distintos compromisos e incluso lo recogía en el aeropuerto, a menudo en compañía de un escolta también identificado en la carta.

Posteriormente, el alto tribunal escuchó al remitente de la carta, revisó los audios y leyó los mensajes de WhatsApp que aportarían evidencias de la participación de García tanto en el supermercado Fruver como en actividades de manejo de vehículos oficiales, mientras era remunerado con recursos estatales. Incluso, existe comunicación directa en la que García pide instrucciones a Racero relacionadas con el funcionamiento del Fruver, donde este último presuntamente le da órdenes para surtir el comercio.

El reportaje de Coronell añade que la persona denunciante afirmó contar con pruebas documentales sobre pagos realizados por asesores legislativos de Racero para gastos personales y familiares de este último. Las comunicaciones muestran transferencias de fondos, pagos de obligaciones económicas y compras de víveres entregados a la residencia del congresista, así como transferencias a familiares, incluidos pagos a la tarjeta de crédito y el cubrimiento de cuentas domésticas.

El Consejo de Estado, el 11 de febrero, determinó que no estaba probada la indebida destinación de dineros públicos, por lo cual negó la petición de pérdida de investidura contra Racero. El tribunal sostuvo que los elementos probatorios presentados carecían del suficiente peso y convicción para establecer certeza sobre las acusaciones. Aunque esta decisión representó un triunfo temporal para el congresista, los demandantes apelaron y solicitaron que se tengan en cuenta los nuevos testimonios y cotejen las voces con los audios recién allegados a la Corte Suprema de Justicia. El caso continúa abierto y las recientes pruebas están siendo evaluadas por las autoridades competentes.

¿Cuál es la función de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en este tipo de investigaciones?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) se encarga de asignar y administrar esquemas de protección para funcionarios públicos y personas en riesgo, como en el caso de David Racero. Su labor consiste en proveer vehículos, escoltas y medidas de seguridad necesarias mientras cumplen funciones estatales. Por esta razón, surge la pertinencia de investigar si los recursos y beneficios asignados por la UNP han sido empleados conforme a su finalidad legítima, especialmente cuando se presentan denuncias sobre posibles desvíos de uso.

En el contexto del caso Fruver, el papel de la UNP es relevante porque los mensajes y testimonios presentados ante la Corte Suprema involucran vehículos y personal asignados bajo la protección estatal. Ante la gravedad de las acusaciones, el esclarecimiento del uso adecuado de estos recursos estatales constituye un aspecto fundamental en la investigación judicial en curso.