Escándalo en Bomberos: 3 empresas con contratos de 62.000 millones que el Gobierno les puso lupa
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El Gobierno nacional destapó un millonario escándalo de corrupción en contratos de Bomberos que salpica directamente a cuatro empresas del Caribe colombiano.
La tormenta institucional en la Dirección Nacional de Bomberos no cesa. A pocos días de que se ordenara la salida del capitán Germán Miranda tras la filtración de comprometedores audios, el Gobierno Nacional destapó un nuevo y escandaloso frente de presunta corrupción que asciende a los 62.000 millones de pesos. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, ratificó la radicación formal de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con copia a la Procuraduría, la Contraloría y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, apuntando directamente a una millonaria contratación celebrada en plena ley de garantías por la administración pasada.
De acuerdo con la información revelada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, los convenios fueron suscritos el pasado 26 de marzo bajo la figura de contratación directa y amparados en una supuesta urgencia manifiesta por la emergencia invernal que azotó a ocho departamentos del país. Sin embargo, las auditorías preliminares encendieron las alarmas al descubrir que de todo el dinero girado, apenas 313 millones de pesos —es decir, un escaso 0,5 por ciento— se destinaron efectivamente a mitigar la contingencia ambiental. El grueso de los recursos se esfumó en la compra de trajes para incendios y equipos especializados, muchos de los cuales brumosamente no aparecen en los inventarios físicos de las bodegas de la entidad.
Ante este panorama, los organismos de control activaron filtros estrictos: se ordenó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) rastrear con lupa el destino final de los desembolsos, mientras que al Consejo Nacional Electoral (CNE) se le pidió cruzar los nombres de los contratistas con los aportantes oficiales de las campañas políticas del año 2026. Si bien el Ministerio del Interior había mencionado inicialmente a la firma Makei Soluciones y Asesorías SAS por un contrato de 24.000 millones de pesos, las pesquisas permitieron rastrear a las otras tres compañías beneficiadas: Multisolutions América SAS por 25.698 millones, Representaciones Fonina SAS por 11.000 millones y Representaciones Químicas de Colombia por 1.415 millones de pesos.
El entramado societario deja al descubierto conexiones llamativas en la costa caribe. Makei, ubicada en Barranquilla y dedicada al comercio no especializado, es gerencia y propiedad única de Ángela María Infante Barrios, quien rechazó categóricamente las acusaciones, anunció acciones legales por daño reputacional y aseguró que las entregas de equipos sí se cumplieron a cabalidad con registros en video. No obstante, se conoció que uno de los accionistas de Multisolutions América SAS —la segunda firma beneficiada— es precisamente Merwin Infante Barrios, hermano de la representante de Makei y subgerente de la misma, compartiendo propiedad con su hermana Karen Judith. Por su parte, Kevin Potes, representante de Multisolutions, defendió la legalidad de sus operaciones contractuales.
El foco también recae sobre Representaciones Fonina SAS, otra empresa con sede en Barranquilla —ciudad de origen del exministro del Interior Armando Benedetti, de cuya cartera dependía la dirección de bomberos—. Su representante legal, Juan Manuel Freidel Juliao, aseguró a este diario que el contrato se encuentra suspendido e inconcluso porque la entidad se ha negado a recibirle parte de la mercancía lista para entrega y a saldar el saldo pendiente tras un único desembolso parcial. Entre tanto, Representaciones Químicas de Colombia, con base en Bogotá, guardó silencio frente a los requerimientos periodísticos, mientras la Fiscalía avanza en el deshoje de un expediente que promete sacudir los cimientos de la contratación estatal.
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