Catatumbo bajo fuego: violencia, desplazamientos y el drama invisible de miles de familias en 2025

Catatumbo, una de las zonas más estratégicas de Colombia, vivió en 2025 una crisis humanitaria sin precedentes en las últimas dos décadas, según lo reportado por El Espectador. Los violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, perteneciente al Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las FARC, desencadenaron un año de desplazamientos masivos, confinamientos y la ruptura del tejido social. A pesar de los intentos gubernamentales por intervenir, la violencia no solo se mantuvo, sino que en los últimos días del año aumentó nuevamente, reavivando el temor a un cierre anual tan trágico como su inicio.

La continuidad de los enfrentamientos ha quedado clara en los testimonios recogidos por Colombia+20, como el de Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander, quien advierte que la guerra nunca se detuvo y que en los últimos tres meses ambos grupos armados intensificaron la disputa por territorios estratégicos. Ejemplo de ello fue la difusión de vídeos del Frente 33 en el municipio de Pacheli, evidencia del cambio de control territorial a costa del ELN, cuyas consecuencias inmediatas recayeron sobre la población civil: el secuestro de dos jóvenes y una bebé, con cada grupo acusando al otro.

Los hechos más críticos ocurrieron durante las festividades de Navidad, cuando los combates se reactivaron en varias zonas, especialmente en el área rural de Tibú y La Gabarra, originando el desplazamiento forzado de al menos 180 núcleos familiares, principalmente mujeres y niños. La mayoría de los desplazados inicialmente llegaron a Tibú, pero por tratarse también de un municipio afectado por el conflicto, varias familias buscaron refugio en Cúcuta. La Defensoría del Pueblo alertó que, además de los desplazamientos, unas 6.000 personas estarían en riesgo de confinamiento, a lo que se suma la amenaza de minas antipersonas y el asesinato de un conductor de ambulancia durante un paro armado del ELN.

La situación se agrava con el fenómeno del reclutamiento forzado de menores, un flagelo que creció más de un 250% según la Defensoría, aunque las autoridades locales consideran que el incremento podría ser aún mayor, dada la necesidad de “mano de obra” derivada de los continuos enfrentamientos. En palabras de Niño, niños, niñas e indígenas han sido víctimas frecuentes de este crimen.

Ante esta realidad, las rutas de escape han sido aseguradas para facilitar la huida de los habitantes, en contraste con lo ocurrido al inicio del año, cuando cerca de 30.000 personas quedaron confinadas por el bloqueo de vías. Sin embargo, la respuesta estatal aún es percibida como insuficiente por las comunidades, mientras los grupos armados insisten en que solo uno puede prevalecer y los esfuerzos de diálogo no logran concretar un cese efectivo al fuego entre ellos. El Gobierno, por su parte, reitera su objetivo de cerrar el ciclo de violencias, pero reconoce que la presión de los intereses ilegales dificulta cualquier avance duradero.

A medida que el año concluye, crece el temor de que la historia se repita y Catatumbo continúe atrapado en un ciclo de violencia, afectando gravemente a su población civil y anticipando nuevas crisis si no se refuerzan los esfuerzos de prevención y respuesta humanitaria.

¿Qué significa el confinamiento en el contexto del conflicto en Catatumbo?
El confinamiento, en el marco del conflicto armado en Catatumbo, se refiere a la imposibilidad forzada de una comunidad o población entera para desplazarse fuera de su territorio debido a la presencia de actores armados o a la utilización de minas antipersonas. Según El Espectador, este fenómeno ha sido recurrente a lo largo de 2025, con cerca de 30.000 personas afectadas en los primeros meses del año e incrementos en el riesgo para al menos 6.000 más en los días recientes.

El confinamiento suele estar acompañado de escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos, puesto que la movilidad de las personas queda restringida y peligra la llegada de ayuda humanitaria. En dicho contexto, las autoridades y organismos de derechos humanos han llamado la atención sobre la urgencia de asegurar corredores humanitarios y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las comunidades atrapadas en medio de la guerra.